En la audiencia de preclusión en su contra, el expresidente Álvaro Uribe pasó varios tragos amargos al ser corregido en reiteradas ocasiones por la jueza que dirige el caso.
Aunque la cita concluyó en buenos términos y la decisión de si se archiva o no el expediente quedó fijada para el próximo 27 de abril, la togada le exigió al exmandatario antioqueño que se refiriera exclusivamente a si apoyaba o no la preclusión.
El pedido lo hizo porque Uribe intentó a primera hora hacer una reseña de su vida pública y privada para defender su imagen, la cual considera que fue afectada por periodistas, abogados y contradictores.
La idea le duró poco, pues pasados unos minutos le dejaron claro que por ley no estaba permitido, ya que referirse a temas que no hacen parte de las pruebas del caso por presunto fraude procesal y soborno a testigos serían tomados como una declaración, la cual en esta etapa no es debida.
En medio de los impases, el expresidente –a quien la Corte Constitucional le mantuvo su calidad de imputado por ambos delitos– se dispuso a mencionar 12 hechos por los cuales cree que debe desestimarse el proceso en su contra, el cual lo tuvo 66 días detenido de forma preventiva en su finca El Ubérrimo.
Ese golpe jurídico tuvo inmediata repercusion en la política, pues dos semanas después –el 18 de agosto de 2020–, decidió renunciar a su curul en el Senado, alegando que iba a dedicar su tiempo a defenderse.
El veredicto final para conocer si tiene o no la razón se conocerá en 39 días a las 9 de la mañana, hora en la que la jueza dará a conocer el sentido del fallo.
Discordia en la audiencia
El turno para Álvaro Uribe llegó este viernes pasadas las 8:20 de la mañana. Su participación vino después de que la Fiscalía, las cuatro víctimas y la Procuraduría ya hubieran expuesto sus posturas.
Las dos entidades fueron en la misma vía que la defensa del expresidente: archivar el caso, mientras que las víctimas pidieron lo contrario.
Bajo ese panorama, el expresidente arrancó a hablar en un capítulo que llamó el “derecho a la refutación”, pues él quiso defenderse de los señalamientos que lo vinculan con una supuesta “máquina criminal en la que he abusado del Estado durante 20 años”.
Y con ella –describió– se le ha acusado falsamente de paramilitar, de nexos con la Oficina de Envigado, de amenazar personas, y de irrespetar a periodistas y a la justicia.
Esa reminiscencia, como él la llamó, no se concretó, pues ahí fue cuando la jueza lanzó su primera advertencia, recordándole que esta etapa procesal no se trataba de un testimonio, y que ella como directora de la diligencia no podía permitirlo. De hecho, afirmó que su intervención no podía tornarse con tinte político.
Fueron tantos los llamados de atención que sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana intervinieron para decirle a la jueza que su cliente quería referirse a hechos de su pasado para hacer una “reiteración argumentativa”.
Finalmente, la intervención de Uribe continuó y en ella resumió en 12 momentos lo que tenía por objetar dentro del proceso.
