Antes de su salida como mandatario, el presidente Iván Duque dejó lista una serie de decretos que buscarán dejar beneficios vitalicios a funcionarios de su gabinete.
Así lo dio a conocer el periodista Yohir Akerman, en una columna escrita para la Revista Cambio, en la cual señala la fecha de la firma de estos decretos: 18 de junio de 2022, es decir, ad portas de su salida.
Según el columnista, esto se enmarca en un "deporte" nacional de los exmandatarios, practicado antes de que dejen el cargo como presidentes, que es la expedición de decretos para regular la situación de seguridad y esquemas de protección.
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Pero, como toda ley, tiene disposiciones. En este caso una de ellas es un cerco de quiénes sí o no hacen parte del Consejo de Seguridad Nacional para, precisamente, gozar de esquemas de seguridad completos como escoltas, camionetas blindadas y conductores. Lo que dice la Ley, el Decreto 1069 de junio de 2018, del exmandatario Juan Manuel Santos, es que solo los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges podrán mantener esquemas de seguridad de por vida.
No obstante, al parecer, según se relata en la columna de Akerman, titulada "Esquemas y Pasaportes", el Gobierno Duque habría ampliado el alcance de esta norma para incluir a funcionarios que antes no estaban en esa entidad del Consejo de Seguridad Nacional, como el ministro del Interior, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y la jefatura de gabinete de la Casa de Nariño. La nueva ley que lo cobija es el decreto 1033 del 18 de junio de 2022.
Los señalados por Akerman son el ministro del Interior, Daniel Palacios; el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín; el ministro de Defensa, Diego Molano; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Manuel Muñoz; y la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa. También, el director nacional de inteligencia, Rodolfo Enrique Amaya; el comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro; y el director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas.
Por otro lado, está el Decreto 1064 del 24 de junio, también firmado por Duque. En este se estableció que, dentro de la Unidad Nacional de Protección, que cobija a personas en situación de riesgo extraordinario o extremo, se incluyen, según el numeral once, a los “exservidores públicos que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1033 del 18 de junio de 2022.
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Además, la columna señala también otro tipo de beneficios vitalicios, como lo son los pasaportes diplomáticos. Al parecer, antes de que Duque jurara como presidente de Colombia, los cobijados con este norma eran 16 representantes para tener un pasaporte diplomático una vez dejados sus cargos; no obstante, según investigación de Yohir Akerman, ahora serían 37 personas las que logran tener esa prerrogativa diplomática. En este lista entraron funcionarios como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Méndez Cubillos y, de nuevo, Víctor Muñoz y María Paula Correa.
Sin duda, detrás de esto lo que hay es cifras de gasto en el Estado colombiano. En 2019, por ejemplo, La República había indicado que los escoltas cuestan en promedio $20 millones al mes para un esquema básico; mientras que los más complejos, como el de Uribe, pueden llegar a 200 personas. Así mismo, Pablo Elías González Monguí, director de la Unidad Nacional de Protección, dijo, en Inside LR, que el organismo al día gasta alrededor de $2.500 millones en seguridad.
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