La Procuraduría Regional de Norte de Santander destituyó e inhabilitó por 13 años al ex alcalde de Pamplona, Ronald Mauricio Contreras Flórez y al entonces secretario de Gobierno, Jeiver Said Acero Basto.
El fallo, en primera instancia, con fecha 1 de febrero de 2022, firmado por procurador regional, Libardo Álvarez García, establece que estarán imposibilitados para ejercer cargos públicos por el término antes señalado y a la exclusión del escalafón o carrera.
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Hechos
Cuadro correspondiente a los recursos del convenio firmado por Contreras Flórez.
El 24 de octubre de 2016, el alcalde, Ronald Contreras, suscribió el convenio de asociación número 286 con la representante de la Corporación Vida y Progreso, Ingrid Marbelli Vergel Bautista, el cual tenía como objetivo promover en las víctimas del conflicto armado interno la generación de proyectos productivos sostenibles como vehículo de construcción de paz y sana convivencia.
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El convenio disponía de $ 164,9 millones, de los cuales $ 149,9 millones fueron aportados por la Alcaldía y los restantes $ 15 millones por la Corporación Vida y Progreso.
Esa suma fue distribuida en nueves proyectos productivos que pasaron la convocatoria efectuada por la Alcaldía de Pamplona y están relacionados con fomento de la marroquinería, peluquería, las granjas Mamapacha y Avícola, finca San Miguel (dos vacas), despulpadora de frutas, confecciones de piyamas, tostadora de café y para la elaboración de productos de aseo.
Después de ejecutarse el contrato y de la entrega formal del proyecto, en sesión del Concejo, las víctimas denunciaron presuntas anomalías en los elementos y materiales que recibieron. La situación fue dada a conocer a la Fiscalía General de la Nación.
Captura
El 24 de octubre de 2017, la Fiscalía General de la Nación, a través de boletín de prensa # 22097, informó que capturó al alcalde de Pamplona, Ronald Conteras Flórez, al secretario de Gobierno, Jeiver Saith Acero Basto y a la representante legal de la Corporación Vida y Progreso, señalados como presuntos responsables de irregularidades cometidas en procesos contractuales.
El ente acusador los investigaba por las inconsistencias detectadas en el contrato suscrito entre el Municipio y la Corporación el 24 de octubre de 2016 por un monto de 149,9 millones de pesos, que tenía por objeto fomentar entre las víctimas del conflicto armado la creación de proyectos productivos sostenibles.
Contreras Flórez, sigue vinculado al proceso y se encuentra en libertad.
