Hace tan solo unos días, la Fiscalía General de la Nación reveló que en esa entidad cursan 15.741 procesos contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), de los cuales 1.450 se constituyen como violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Otras 4.894 investigaciones tienen relación con secuestros, 930 con reclutamientos ilícitos, 5.391 homicidios, 2.989 desplazamientos forzados y 87 casos de violencia basada en género.
Adicionalmente, esta semana, el vicefiscal general de la Nación y ahora fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, anunció una nueva imputación de cargos contra los máximos comandantes del Eln, en razón a los ataques sistemáticos contra la infraestructura petrolera del país.
Sin embargo, cuando Colombia todavía no terminaba de digerir estas cifras y reprochar los ataques que intensificó esta guerrilla en los últimos meses, se conoció el inicio de un nuevo proceso de diálogos que, al igual que ocurrió con las Farc, abre los interrogantes sobre lo que sucederá frente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante estos años de guerra.
Al respecto, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, explicó que cualquiera que sea el acuerdo al que se llegue con las dos guerrillas que siguen activas en el país, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, como el asesinato del fundador y director de La Opinión, Eustorgio Colmenares Baptista, perpetrado en 1993, no pueden ser objeto de amnistía ni de indulto.
“Para mí, unos crímenes como esos no deben quedar sin sanción. Se puede aplicar justicia transicional, pero sin perjuicio de que esos delitos sean sancionados. Lo que no se puede finalmente es partir de la base de que los procesos de paz conduzcan a la impunidad. Eso es inaceptable a la luz del Derecho Internacional Humanitario”, sostuvo.
Para el exmagistrado, si el Estado colombiano no obra conforme a derecho y consagra la impunidad en estos casos, puede venir la Corte Penal Internacional (CPI) a adelantar los respectivos procesos. “Recordemos que la CPI actúa a nombre de la humanidad, y estos son crímenes en contra de la humanidad”, dijo.
Reducciones de pena, la discusión
El abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, también precisó que si bien para los delitos políticos y conexos, cometidos por los guerrilleros, hay lugar a las amnistías y los indultos, lo mismo no puede ocurrir frente a los crímenes de lesa humanidad o de guerra.
Sin embargo, explicó que aunque estas actuaciones deben ser castigadas penalmente, en el caso de procesos de paz como los que se adelantan con las Farc y el Eln, las violaciones al Derecho Internacional pueden someterse a la justicia transicional.
“La Corte Penal Internacional admite la justicia de transición, en el entendido de que para solucionar un conflicto interno haya unas vías de flexibilización del derecho penal, que faciliten que las personas se incorporen a la vida civil a cambio de unos beneficios”, explicó.
Aun así, advirtió que en vista de que este modelo es reciente, la discusión para los dos casos está centrada en, qué tanto se pueden rebajar las penas.
“Al respecto, la fiscal de la Corte Penal Internacional sostuvo que tendría que haber sanciones con limitaciones a la libertad. En ese sentido sigue la discusión de hasta dónde se limita esa libertad, si es en un centro de reclusión, en un municipio, en un campo. Es decir, hasta dónde va, y eso es algo que no está resuelto hasta el momento”, sostuvo.
Inquietud en el departamento
Norte de Santander, al ser uno de los principales bastiones de guerra del Eln, se ha convertido también en uno de los departamentos más golpeados por el accionar de este grupo armado ilegal.
En este sentido, las dudas frente a lo que sucederá con los cientos de crímenes cometidos por esta guerrilla, no solo contra la población civil, sino contra la infraestructura petrolera, también asaltan a la dirigencia del departamento.
Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas de Norte de Santander, cree que el tema, al igual que lo ha sido con las Farc, va a ser uno de los más fuertes en la discusión que se sostenga en la mesa de diálogos.
“En mi concepto, desde lo jurídico y lo académico, este va a ser muy un tema fuerte con el Eln, porque sus delitos, sobre todo contra las instalaciones petroleras, el uso de fuerzas peligrosas y explosivas, la determinación de desapariciones forzadas, el secuestro como herramienta política, harían que estas conversaciones no puedan avanzar tan fácil”, manifestó el funcionario.
Por eso, consideró que ante el anuncio de estos diálogos, Colombia tiene una responsabilidad penal internacional que debe clarificar con el Eln.
