La decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander corresponde al periodo en el que el exgobernador se desempeñaba como concejal de Cúcuta, entre 2001 y 2003.

Los hechos están relacionados con la aprobación del Acuerdo 073 de 2002, por medio del cual el Concejo creó, como factor salarial, la bonificación por servicios prestados, prima de servicios, subsidio de alimentación y el auxilio de transporte para los empleados del municipio.

La demanda había sido interpuesta en julio pasado por Liliana María Gómez Medina.

Justo un mes después, el Consejo de Estado falló, en segunda instancia, una demanda similar en contra del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, por las mismas razones, y también decretó su pérdida de investidura como concejal, al considerar que la corporación municipal no estaba facultada para reconocer una serie de prestaciones económicas a los empleados de la administración municipal.

Aunque la sanción contra Díaz Contreras está relacionada con su desempeño como concejal, cargo que ya no ocupa, esta sí podría tener consecuencias electorales a futuro, que pondrían en apuros las aspiraciones al Congreso del exgobernador, por tratarse de una inhabilidad sobreviniente, tal y como lo advierten varios abogados y juristas.