La Procuraduría Disciplinaria de Instrucción No. 7 Segunda Delegada para la Contratación Estatal resolvió poner fin al proceso de investigación que adelantaba contra los diez concejales de Cúcuta que en febrero de 2020 avalaron la elección de Martín Herrera como personero encargado, mientras se destrababa el concurso para elegir al nuevo titular de la entidad.

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Esta decisión favorece a los concejales Edison Ernesto Contreras Rodríguez, Edwin Hernney Duarte Gómez, Carlos Eduardo García Alicastro, Yanet Carime Rodríguez, Albert Casadiegos, José Oliverio Castellanos, Nelson Ovalles Agudelo, así como a Luis Alejandro Castellanos, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza y Leonardo Jácome Carrascal, quienes ya no hacen parte de la corporación municipal. Los dos últimos son actualmente precandidatos a la Alcaldía de Cúcuta.

A los integrantes del Concejo los investigaban porque, presuntamente, habían incurrido en una falta disciplinaria al designar por votación mayoritaria a Herrera, quien hasta ese momento era el personero en propiedad, para que continuara en el cargo hasta que se eligiera o nombrara el nuevo titular, y no haber encargado al funcionario que por jerarquía le correspondía ponerse al frente de la Personería Municipal.

Sin embargo, al revisar las pruebas y los antecedentes del caso, la procuradora delegada Marcela Sáenz Trujillo determinó que el hecho investigado no arrojaba ninguna falta disciplinaria y por esa razón se hacía necesario dar por terminada la investigación y ordenar el archivo de la misma.

“(…) teniendo en cuenta que la situación descrita con la solicitud provisional de los efectos del acto acusado no podía ser ciertamente catalogada como una falta temporal del cargo de personero —al tratarse de un evento sui generis en el que la provisión del empleo se producía como consecuencia de la finalización del periodo del personero saliente y las demoras en el procedimiento de selección de su reemplazo—, estimé que, contrario a lo defendido por mis pares de Sala, la transgresión normativa del artículo 172 de la Ley 136 de 1994 no estaba plenamente demostrada”, explicó la delegada de la Procuraduría en su decisión.

El escenario al que se refiere la representante del Ministerio Público tiene que ver con que, en tan solo nueve días, los concejales de la ciudad debieron tomar varias decisiones: mantener la suspensión del concurso de méritos para elegir personero en propiedad, por cuenta de mandatos judiciales; atender los requerimientos de dichos despachos judiciales, requerir a la Personería para que les informara cuál era el funcionario que seguía en jerarquía y quiénes cumplían los requisitos para ser designado personero, y proceder con la designación de forma transitoria.

Y como los que reunían los requisitos para asumir como personero encargado no quisieron aceptar, la Procuraduría Disciplinaria de Instrucción estimó que esta situación no podía considerarse como una irregularidad, pues recordó que “ningún cargo es de forzosa aceptación”.

“De lo anterior, se logra establecer que los hechos ocurridos objeto de investigación disciplinaria se presentaron como una situación extraordinaria y sobre la cual se debía adoptar una decisión”, dice la Procuraduría.

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En ese sentido, dispuso la terminación de la actuación que se adelantaba desde 2020 contra el grupo de concejales.

A finales de 2020, la Procuraduría Segunda Delegada había absuelto de los cargos que se le habían formulado al protagonista de los hechos, el expersonero Martín Herrera, a quien señalaban de estar incurso en una incompatibilidad para ejercer como personero de manera provisional.

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