Una sanción fiscal sin precedentes recibió el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, por parte de la Contraloría Municipal, a cargo de Martha María Reyes, por el presunto incumplimiento en la respuesta a unos requerimientos sobre la contratación hecha por la administración en los primeros meses de la pandemia originada por la COVID-19.
En consecuencia, el mandatario local deberá pagar más de $40 millones por haber entregado los datos requeridos en un término de 22 días y no en tres, como, al parecer, era la exigencia del organismo fiscalizador.
Los hechos se remontan al 30 de marzo de 2020, apenas unos días después de que se presentara en la ciudad el primer caso de coronavirus.
Por medio de correo electrónico, la Contraloría le solicitó a la Alcaldía información sobre los contratos, convenios y actos administrativos que se habían suscrito a la fecha, en virtud de la urgencia manifiesta decretada por la COVID-19.
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En el oficio también se preguntaba “qué gestiones se han adelantado ante el departamento Norte de Santander, las entidades nacionales y/o organismos internacionales que busquen atender la crisis en salud pública por ocasión del virus COVID-19”.
Por último, le pedían al alcalde informar en detalle “las entregas de suministros, insumos y bienes que se hayan dispuesto a las comunidades y/o a las instituciones públicas y privadas de la ciudad, y en especial se identifique cuál ha sido la metodología y la base de datos que se han tenido en cuenta para dichas entregas”.
Apenas tres días después, el 3 de abril, el ente de control solicitó nuevamente la información requerida y el 15 del mismo mes es reiterada la petición. En ese momento piden, además, explicar cuál es el plan de contratación que se tiene proyectado para atender la emergencia sanitaria “ante el hecho que su despacho no ha allegado respuesta a esta Contraloría”.
Finalmente, el 22 de abril, exactamente 22 días después de la primera solicitud, la Alcaldía emitió la respuesta con la información requerida.
El 18 de junio de 2020, la Contraloría Municipal emitió el Auto de Apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio 001, donde le formulan cargos al alcalde por el presunto incumplimiento en la entrega de la información. Los descargos fueron presentados el 27 de julio por el abogado Martín Alberto Santos Díaz.
Entre el 29 de julio y el 10 de noviembre se abre el periodo de pruebas y el 21 de diciembre del año anterior el ente de control emite la resolución sancionatoria, la cual fue confirmada el 18 de marzo pasado por la contralora Reyes, luego de que el subcontralor, Francisco Cortés, se declarara impedido.
La defensa del alcalde
Rodeado por su equipo de trabajo, el alcalde Jairo Yáñez hizo público ayer en la mañana un comunicado en el que rechazó la decisión en su contra, la cual calificó de “implacable y desproporcionada”.
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De igual forma, afirmó que es respetuoso de los órganos de control, pero dijo que no comparte los motivos principales de la sanción, pues recordó que en ese momento se estaba atendiendo las necesidades generadas por la pandemia.
“Las actividades netamente administrativas podían tener un lógico margen de espera, razón por la cual no comparto la sanción y me generan dudas sobre su implacable y desproporcionada sanción ante la situación expuesta”, indicó.
Abogados consultados por La Opinión afirmaron que esta es una sanción nunca antes vista en la ciudad y que la misma ameritaba pagar, máximo, 5 o 10 días de salario, razón por la cual la consideraron completamente desproporcionada.
