Un respaldo unánime en su primer debate en el Congreso recibió esta semana el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional y que permitirá poner en marcha un acuerdo entre Colombia y Venezuela para la promoción y protección recíproca de las inversiones entre los dos países.
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Este tratado fue suscrito el pasado 3 de febrero, en Caracas, entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el ministro de Comercio de Colombia, Germán Umaña, como parte del restablecimiento de las relaciones comerciales entre las dos naciones, que arrancó el año pasado.
Tal y como quedó establecido en el texto del proyecto, lo que busca el acuerdo es “mantener y consolidar un marco jurídico que facilite y promueva las inversiones directas transfronterizas, con la finalidad de promover el desarrollo armonioso, productivo y sostenible de ambos pueblos, en respeto a la soberanía y autodeterminación de cada una de las partes”.
Según explicó el ministro Umaña durante el debate en la Comisión Segunda del Senado, esta iniciativa tiene un peso muy importante para las relaciones entre los dos países, porque hasta este momento no existía una garantía jurídica para avanzar con la promoción de las inversiones de lado y lado de la frontera.
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“Con esta iniciativa buscamos dar seguridad, transparencia y garantías para los inversionistas de ambos países”, recalcó el funcionario.
El jefe de la cartera de Comercio les manifestó a los congresistas que el objetivo del acuerdo, cuya vigencia será de 10 años, es atraer inversiones que impulsen la industria complementaria de bienes y servicios, que promuevan el desarrollo sostenible, la diversificación productiva, la formación de cadenas de valor y la creación de empleo calificado.
Dice el proyecto de ley que la idea es que cada país estimule y cree condiciones favorables a los inversionistas para que estos puedan invertir de manera directa en cada uno de los territorios.
“Las partes, conforme a su ordenamiento jurídico, darán consideración favorable a las solicitudes de entrada y de estancia de los nacionales de cualquiera de las partes que deseen ingresar en el territorio de la otra parte, con relación a la realización de una inversión”, se puede leer en el articulado del proyecto.
En todo caso, allí se advierte que el acuerdo suscrito no dará lugar a tratos más “favorables injustificados hacia los inversionistas extranjeros, con respecto a los inversionistas nacionales”.
Preocupación por las condiciones de Venezuela
Durante la discusión en el Congreso, una de las dudas que surgió por parte de algunos de los senadores, fue la situación de Venezuela y las verdaderas garantías que se puedan brindar en territorio vecino a los inversionistas colombianos.
Al respecto, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, fue insistente al señalar que las inversiones requieren seguridad física y jurídica, elementos que no considera presentes en Venezuela, razón por la que pidió que se haga especial énfasis en “cómo se blindan las inversiones de los empresarios colombianos”.
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Lo anterior, teniendo en cuenta también que el artículo 7 del tratado señala que: “las inversiones realizadas por inversionistas de la parte emisora podrán ser expropiadas o nacionalizadas por la parte receptora, por necesidad, por razones de interés público, o por razones de utilidad pública o interés general, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional de cada parte, conforme al debido proceso y contra una justa compensación o indemnización”.
Frente a las inquietudes presentadas, el ministro de Comercio aclaró que el objetivo principal del acuerdo es evitar, justamente, que vuelvan a ocurrir expropiaciones a empresas colombianas en Venezuela, sin que haya una justa causa o una indemnización que repare a la empresa afectada, por lo que cualquier inversión entre ambos países será protegida bajo estándares internacionales.
Este proyecto de ley pasará ahora a segundo debate en la plenaria del Senado, para luego dar el salto a la Cámara, en donde deberá surtir dos discusiones más.
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