Entre enero y junio de este año, al menos 71 familias, conformadas por 191 personas, tuvieron que salir de manera forzada de sus casas, fincas y predios en Norte de Santander y desplazarse hacia otros lugares de la región, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales que han intensificados sus acciones en el departamento.

Así lo señala un informe de la Defensoría del Pueblo en el que se advierte que en esta zona del país, durante los primeros seis meses del año, se presentaron tres eventos de desplazamiento, principalmente en el Catatumbo y la zona de frontera con Venezuela.

Esta cifra ubica a Norte de Santander como una de las nueve regiones más afectadas por este hecho victimizante. Las otras son Nariño (28 eventos de desplazamiento), Valle del Cauca (25), Cauca (14), Chocó (14), Antioquia (12), Córdoba (3), Risaralda (2) y Arauca (1).

De acuerdo con la Defensoría, a nivel nacional, el desplazamiento alcanzó este año cifras alarmantes, puesto que no solo se duplicó el número de eventos, sino que se incrementó en un 256% las personas afectadas por este flagelo.

Y es que el informe de la entidad señala que entre el primero de enero y el 30 de junio se registraron 102 desplazamientos forzados en las diferentes regiones de Colombia que afectaron a por lo menos 44.290 integrantes de 15.340 familias. En el mismo periodo del año anterior se contabilizaron 51 eventos de desplazamiento masivo, que afectaron a 13.912 personas pertenecientes a 4.311 familias.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que el accionar de los grupos armados ilegales está generando situaciones que aterrorizan a la población y generan el desplazamiento masivo de las comunidades, por cuenta de amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, presencia de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad, disputas por el control territorial y social, entre otros.

Además del desplazamiento, el informe de la entidad alerta sobre el elevado número de casos de confinamiento, 68 en total, que obligaron a 36.101 personas, de 192 comunidades, a quedarse dentro de sus territorios. En Norte de Santander, a la fecha no se han presentado reportes oficiales sobre este hecho.

“La mayoría de estos eventos está relacionado con el interés de los grupos armados ilegales por los cultivos de uso ilícito, la disputa por el control del narcotráfico y de las rutas de contrabando, y la extracción ilícita de minerales”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Ante este panorama y teniendo en cuenta el recrudecimiento de la violencia en regiones como Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia, entre otros, Camargo insistió en que es urgente adoptar medidas de control a todos esos factores de violencia y amenazas que están atentando contra la población civil.

Dijo que desde la entidad a su cargo han diseñado y van a implementar la estrategia denominada ‘La ruta de la prevención’, que consiste en fortalecer el seguimiento a las alertas tempranas, con el fin de lograr que las más de 210 que se han emitido tengan una mayor respuesta, pero también un enfoque territorial y diferenciado. Camargo sostuvo que esto debe ir acompañado de acciones interinstitucionales.

“Es urgente brindar medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población”, manifestó el funcionario.

De acuerdo con los datos de la Unidad de Víctimas, en Norte de Santander, hasta el 30 de junio pasado se habían reportado un total de 368.562 eventos de desplazamiento forzado, convirtiéndose en el principal hecho victimizante denunciado.

Hasta el momento, 206.826 víctimas de este delito son sujetos de atención en el departamento, es decir, que pueden acceder a las medidas de atención o reparación, en el marco de la Ley 1448 o Ley de Víctimas.

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