"Voluntad de matar"
En el juicio en Dolores, la fiscalía había pedido cadena perpetua para los ocho acusados, evocando la "voluntad de matar" por parte de "todos", con una "coordinación sincronizada" que impidió que terceros viniesen en auxilio de Báez Sosa.
El abogado de la familia del joven, Fernando Burlando, también había solicitado la cadena perpetua para los imputados.
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En cambio, la defensa sostuvo que la premeditación nunca fue demostrada y solicitó reconsiderar los cargos como muerte en riña sin que hubiese intención de matar, lo que implicaría una pena máxima de seis años de cárcel, o en su defecto homicidio simple (25 años).
El abogado de los ocho rugbiers, Hugo Tomei, remarcó que nunca se podrá saber quién mató al joven.
Durante los alegatos, los imputados, por momentos entre lágrimas, tuvieron expresiones como "pido perdón", "pido disculpas", "no hubo intención de matar", "no hubo un plan (de asesinar)" y "estoy arrepentido".
Los ocho rugbiers, todos de la pequeña localidad de Zárate, cercana a Buenos Aires, detenidos el día del crimen, han estado en prisión preventiva desde 2020.
Báez Sosa era hijo de una cuidadora de ancianos y un albañil, ambos inmigrantes paraguayos. Había iniciado la carrera de abogacía, luego de graduarse en un colegio parroquial católico y realizar obras de caridad.
Su crimen desencadenó una serie de manifestaciones de repudio y en apoyo a la familia, con intensos debates sobre el consumo de alcohol por parte de los jóvenes, la construcción de la masculinidad, la xenofobia y el racismo en este país que se identifica como de descendientes de inmigrantes europeos.
El rugby en Argentina es amateur e históricamente son los sectores de clase media y alta los que lo practican o asisten a los partidos.
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