El gobierno presentó en el Congreso una ley de sometimiento; que de ello solo lleva el nombre. Pareciera que el objetivo del Gobierno Petro es extender la impunidad otorgada en el Acuerdo de la Habana a cualquier delincuente del país.

Un artículo de nuestra constitución permite el tratamiento diferenciado para los delitos cometidos por razones políticas. Yo he presentado varias veces proyectos para abolir ese artículo. Ningún colombiano puede ejercer violencia sobre otro por razones políticas, ni por ninguna razón. Sin embargo, el Gobierno ya le dio estatus político al ELN, y pretende hacer lo propio con las disidencias (las que no negociaron y las otras que incumplieron). Esto significa, que para todos ellos aplicarán medidas semejantes a las que le aplicaron a las Farc.

Creíamos que las bandas criminales, los grupos armados organizados y los delincuentes comunes no podían tener negociaciones que dieran lugar a impunidad. Pero este gobierno quiere negociar con ellos.

El asunto no es menor, se trata de una política criminal de ir liberando delincuentes, sobre la base -en mi opinión, equivocada- de que con este borrón y cuenta nueva, el delito en el país irá disminuyendo.

La violencia en Colombia -y no me canso de repetirlo- tiene más que ver con los negocios ilegales que con asuntos políticos. Mientras subsistan el narcotráfico y la minería criminal tendremos un desafío muy grande como nación. Y no es cierto que por sacar a los hombres que hoy ejercen esos negocios el país mejore en seguridad; aún creyendo en que todos los que se comprometan cumplan. Tan pronto salgan unos entrarán otros; como ya ha venido ocurriendo.

Y se preguntará alguno quien me lee, y no coincide en la conclusión, si no valdrá la pena intentarlo; y tengo que decirle no, rotundamente. Lo hemos hecho y fracasamos, basta observar lo que ha pasado con las FARC, cuyos hombres desmovilizados fueron ya superados por los nuevos ingresados a todos los grupos. Frente al futuro: cada nuevo grupo, sentirá que tiene derecho a esa negociación y se nos abre un camino que legitima la vida en el crimen, que concluye con 6-8 años de cárcel y la legalización del 6% de las ganancias, hasta un máximo de 11 mil millones de pesos.

El Presidente Petro afanosamente busca equiparar los beneficios que otorgamos a los grupos con estatus políticos con los que se le podrían otorgar a las demás organizaciones criminales.

Aun sin ley de sometimiento, quiso levantar las órdenes de captura de cabecillas criminales e incluso de narcos solicitados en extradición. El Fiscal Barbosa tuvo que detener la extraña operación.

A esto hay que sumarle la suspensión de toda política antidrogas. Bajaron las incautaciones de cocaína en más de 30% y de heroína en más de 70%. No se erradicó ni una sola hectárea de coca en enero de este año. Además de las nuevas políticas donde se prohibió la erradicación forzada, el bombardeo, la fumigación y se pasó al acompañamiento de las asambleas cocaleras, que inspira además a que al “secuestro” se le llame “cerco humanitario”. La sacada de más de 70 generales de la cúpula militar, más las masivas renuncias que hoy conocemos de muchos oficiales; los ceses bilaterales al fuego por parte del Gobierno Nacional, que sólo aplican a las Fuerzas Armadas. Empieza con todo lo anterior a generar un escenario peligroso para la seguridad y el futuro de Colombia.

Aquí no hay un proceso de paz total, sino uno de impunidad total. Letal para las instituciones y de alto riesgo para la ciudadanía de Colombia cada vez más desprotegida ante los violentos y con un gobierno concentrado en conversar con los criminales y no con la ciudadanía. Y aparece como una sombra adicional a todo esto, la noticia sobre los dineros que los mafiosos entregaron con destino a la campaña Petro presidente a través del hijo y las visitas del hermano del presidente a las cárceles ofreciendo impunidad a cambio de apoyos políticos, incluso a extraditables. Una sola sombra larga.