La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos es una de las herramientas clave de la estrategia del gobierno del Presidente Iván Duque para combatir de manera integral la amenaza representada por un enemigo mundial llamado narcotráfico.
En esa dirección, con la política de Paz con Legalidad, el gobierno asumió el compromiso de cumplirles a las casi 100.000 familias vinculadas al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, pese a las circunstancias en que se heredó, sin recursos, sin contratos, sin planeación y sin información. La forma juiciosa con que hemos venido honrando ese compromiso serio ha permitido que cerca de 400.000 colombianos estén logrando una nueva vida. Y con otros programas de sustitución, vamos aún más allá.
Para entender esta coyuntura, es necesario un contexto de realidades.
¿Qué recibimos? Un programa desfinanciado que para el año 2018 no contaba con recursos suficientes para cumplir los compromisos adquiridos con las familias vinculadas. Se requerían 3,5 billones y solo se habían asignado menos de 500 mil millones. Se hicieron inscripciones masivas y no se tenía una cifra exacta de las familias vinculadas. La operación del programa se pensó para 24 meses, plazo que reflejó fallas de planeación en los aspectos logísticos, de operación, presupuestales y técnicos.
¿Qué hicimos? Inicialmente, se realizó un diagnóstico de la situación recibida, que cuantificó el universo de familias vinculadas durante casi dos años y el estado de implementación de los componentes del PNIS. Este ejercicio, pese a su aparente simplicidad, requirió del cruce de diferentes bases de datos y la depuración de información de familias. Se hizo una planeación realista para la atención en todos los componentes del programa. Se consolidó el sistema de información con el seguimiento a nivel de familia, se definieron los lineamientos para proyectos productivos y para áreas de interés ambiental. Se estableció un equipo de supervisión técnico, jurídico y financiero para superar dificultades de planeación de contratos en ejecución.
Se robusteció el equipo en territorio y se trasladó su operación a la Agencia de Renovación del Territorio. Se duplicó la cobertura de la asistencia técnica. Se contrató la operación para más de 5 mil familias en proyectos productivos. En este proceso, el Gobierno Duque ha invertido mas de $900.000 millones en los diferentes componentes del Programa.
Bajo este panorama y para realizar una implementación eficaz del PNIS, se llevó a cabo una reingeniería para responder a los obstáculos identificados en el diagnóstico. Hoy, el PNIS se concibe como componente de la Política Rural para contribuir a la transformación de los territorios en las condiciones necesarias para el tránsito de la ilegalidad a las economías lícitas.
¿Qué hemos logrado? En ese contexto y pese a las dificultades, durante esta administración se ha logrado la sustitución voluntaria de 17.967 hectáreas de coca (que suman más de 44 mil hectáreas en todo el programa); 75.161 familias han recibido pagos de un millón mensual durante un año para aliviar su flujo de caja; 65.822 familias han recibido insumos y herramientas para desarrollar huertas caseras; 69.137 familias cuentan con servicio de Asistencia Técnica Integral y 6.757 familias iniciaron el desarrollo de proyectos productivos. Por otro lado, 5.680 antiguos recolectores de hoja de coca han sido vinculados a opciones de empleo temporal. Se aprobaron los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución con Desarrollo Alternativo, PISDA, como una solución a la comunidad que contribuye a la transformación estructural del campo en los territorios afectados por la presencia de cultivos ilícitos.
Venimos trabajando en nuevos modelos de sustitución que permitirán otros actores en el territorio para la implementación de este tipo de proyectos como “Formalizar para Sustituir, Territorios para la Conservación (Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación para la sustitución), Estrategias de Desarrollo Alternativo con comunidades y pueblos étnicos, siguiendo el principio de garantizar sus derechos, respetar su cosmogonía, gobierno propio y apoyo a sus proyectos de vida.
(*)Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación
