El primer Encuentro Cocalero del Catatumbo se cumplió y dejó múltiples reflexiones para la región. Estas propuestas son claves para los gobiernos locales salientes y los que están por llegar. En esta ocasión, quisiera profundizar en la forma en que se puede transformar la mirada que la región del Catatumbo tiene de sí misma a partir de dos temas claves.

El primero de ellos es la reforma constitucional que cursa en el Congreso y cuyo objetivo es reconocer al campesinado como sujeto de especial protección. Mediante esta reforma también se buscan proteger los derechos incluidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Campesinos, a la cual se opuso el anterior Gobierno. Este tema es clave porque implica aceptar que la población cultivadora de hoja de coca también merece protección por parte de las instituciones colombianas.

Podría decirse que es una simple modificación de textos jurídicos, pero los estudiosos de la sociología del derecho saben que la mirada que las personas tienen de sí mismas también depende de cómo las clasifican las leyes. Por esta razón es importante transformar la forma en que el derecho mira a la población campesina cultivadora de hoja de coca, pues es una realidad compleja que está dada y porque sobre este grupo social ha prevalecido su criminalización.

Por supuesto, estos saltos no se logran de la noche a la mañana y para ello no es suficiente la modificación de leyes, sino también la modificación de realidades concretas de quienes se dedican a esta actividad. Y es allí donde entra el segundo tema que se planteó en el cierre del evento.

Este segundo tema es la posibilidad de que al campesino se le permita plantar hoja de coca hasta que funcione el cultivo sustituto. Esto traerá numerosos retos, pero con esto se busca evitar los errores que tuvo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, impulsado por Juan Manuel Santos y continuado por Iván Duque.

Hay que recordar que el PNIS fue fruto del Acuerdo de Paz con las Farc, mediante el cual se le propuso al campesino cambiar voluntariamente los cultivos de coca. A cambio de esto, el Estado le entregaría un millón de pesos mensuales por un año y toda la asesoría para iniciar un emprendimiento. El problema es que muy pocas personas lograron perfeccionar ese proyecto productivo, y se quedaron sin proyecto, sin cultivo y sin sustento.

Desde hace tiempo esta región cuenta con una sociedad organizada desde sus bases en torno al cultivo de la hoja de coca, pues es una realidad dada. El problema es que la visión de las leyes y las instituciones colombianas la criminalizaba y equiparaba su rol al de los eslabones más fuertes de la cadena de tráfico de drogas.

Por estas razones fue clave este evento que se llevó a cabo en El Tarra el 15 y 16 de diciembre. Porque las reformas jurídicas sobre un grupo poblacional deben ir acompañadas de transformaciones concretas que respondan a ese entorno específico. En la medida en que las instituciones y las leyes modifiquen la forma en que históricamente se ha percibido al campesino cultivador, y otorguen respuestas puntuales para garantizar sus derechos, es probable que cambie la mirada que la región del Catatumbo tiene de sí misma.