Las recientes ocupaciones de predios dejan al descubierto la existencia de un cartel de invasores que aprovechan el déficit habitacional de los últimos años para estafar a las personas de escasos recursos económicos en el municipio de Ocaña.
Ante esta situación, el alcalde Samir Fernando Casadiego Sanjuán fue contundente al ordenar el desalojo de los terrenos invadidos y solicitar una exhaustiva investigación para identificar y sancionar a los responsables de este delito.
La gota que rebasó la copa, fue la actitud de los supuestos destechados, quienes se asentaron en los terrenos cercanos a la Normal Superior, haciéndose pasar como campesinos desplazados por la violencia.
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El mandatario local solicitó un listado de los invasores y propuso la creación de una asociación para formular un proyecto de vivienda de interés social ante el ministerio correspondiente. La sorpresa fue cuando los promotores de la ocupación abandonaron la mesa de negociación y no permitieron la depuración de los datos.
Las datos no mienten
El alcalde explicó que de ese filtro 94 personas viven en Ocaña, 40 tienen Sisbén de otro municipio de la provincia, 41 están sin registro, 8 no coinciden en número de cédula, 10 aparecen con propiedades y uno con cinco inmuebles en su poder.
“Eso quiere decir que hay muchos avivados. Nosotros hacemos un acompañamiento desde la legalidad. Si no están de acuerdo con los ofrecimientos, se procede con los otros instrumentos”, puntualizó.
El secretario de Gobierno de Ocaña, Jaime Velásquez Salamanca, manifestó que las invasiones aparecen cada vez que hay elecciones regionales, hecho que es aprovechado por los “avivados” para hacer negocio con las necesidades de la gente.
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“Uno de los voceros no vive en Ocaña, viene de Hacarí y es propietario de un predio bastante interesante en esa población, como lo testifica un certificado catastral. Otros son de Santa Marta, Cúcuta, Labateca, Riohacha, Sabana de Torres y el resto de los municipios del Catatumbo. Vinieron a hacer ocupación de hecho, posiblemente acostumbrados a convertir una necesidad en un negocio”, recalcó.
Ya tienen propiedades
Las autoridades locales, con lista en mano, confrontaron los datos suministrados y descubrieron el entramado de una banda de estafadores que recorre el país, engañando a incautos compradores de lotes.
El líder de los invasores es propietario de una finca de varias hectáreas con proyectos productivos en Hacarí, tal como lo demuestra un certificado catastral. Los otros cómplices poseen entre 3 a 5 viviendas y utilizan a terceros para no ser detectados en el lucroso negocio. Igualmente, el número de las cédulas de algunos ciudadanos era falso, lo que desencadenó la desconfianza y dio pie para iniciar la investigación ante la Fiscalía General de la Nación.
También revisaron con Migración Colombia a la población extranjera con Permiso Especial de Permanencia (PEP), quienes estuvieron en ese proceso para la respectiva deportación.
El personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, oficia como mediador de la situación para garantizar los derechos humanos y para que todo el procedimiento se llevara bajo los términos legales.
Los funcionarios advirtieron, además, el delito cometido por algunos padres de familia, quienes utilizaron a los niños como escudo para impedir el operativo de la fuerza pública.
Las pesquisas
El comandante de estación del Segundo Distrito de la Policía Nacional en Ocaña, mayor Fabián Andrés Sarmiento, alertó sobre las artimañas de los estafadores para engañar a la gente con planes de viviendas en el aire.
“Llamó la atención que muchas de las personas del asentamiento humano Altos del Norte, tenían arredradas las viviendas e incitaban a cometer el delito para conseguir sus casas”.
Muchos de los que invadieron predios del ecoparque del Acueducto Independiente, Adamiuain, también estaban en los terrenos aledaños a la institución educativa. “Lo triste del caso es que algunos abogados se presten para defender a los invasores, desconociendo los alcances de la norma”, recalcó.as recientes ocupaciones de predios dejan al descubierto la existencia de un cartel de invasores que aprovechan el déficit habitacional de los últimos años para estafar a las personas de escasos recursos económicos en el municipio de Ocaña.
Ante esta situación, el alcalde Samir Fernando Casadiego Sanjuán fue contundente al ordenar el desalojo de los terrenos invadidos y solicitar una exhaustiva investigación para identificar y sancionar a los responsables de este delito.
La gota que rebasó la copa, fue la actitud de los supuestos destechados, quienes se asentaron en los terrenos cercanos a la Normal Superior, haciéndose pasar como campesinos desplazados por la violencia.
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El mandatario local solicitó un listado de los invasores y propuso la creación de una asociación para formular un proyecto de vivienda de interés social ante el ministerio correspondiente. La sorpresa fue cuando los promotores de la ocupación abandonaron la mesa de negociación y no permitieron la depuración de los datos.
Una falsa concepción
Los embaucadores echan mano de maniobras ilegales para estafar a las personas con necesidades insatisfechas.
Los terrenos baldíos o lotes de entidades públicas no pueden ser objeto de ocupación bajo ninguna circunstancia en Colombia.
Durante el mandato del presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, se promovió la ley de tierras 200 de 1936 como uno de los puntales de la llamada Revolución en marcha donde se establece una Reforma Agraria permitía la ocupación de territorios baldíos para explotarlos económicamente y declarar al poseedor como dueños.
Desde la constitución de 1991 y la ley 160 de 1994, régimen de baldíos, esos predios no los pueden otorgar los jueces civiles, mediante un proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva, sino la Agencia Nacional de Tierras, luego del análisis respectivo para evitar la cartelización como está ocurriendo hoy día en Ocaña, afirma el abogado administrativista Víctor Hugo Duarte Torres.
El Estado interviene para desmontar esos carteles de manera que ante los jueces civiles no se pueden promover esos juicios de posesión de buena o mala.
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Así las cosas, la policía nacional desalojó a estos ocupantes y restableció el dominio pleno del predio por parte de la comunidad educativa.
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