La Registraduría Nacional del Estado Civil avaló la iniciativa popular encaminada a la recolección de firmas para convocar al referéndum revocatorio del acuerdo 009 de 2022 donde el concejo facultó al alcalde, Samir Casadiego Sanjuán, para entregar en concesión el acueducto y el alcantarillado en Ocaña.
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Una vez conocida la resolución los integrantes del Comité Cívico por la defensa del agua iniciaron la recolección de firmas para frenar el proceso de licitación de los servicios públicos. “El recurso hídrico se constituye en un bien común y un derecho fundamental que armonice su función ecológica, donde se garantice el mínimo vital a la población”, señaló el abogado Silvano Calvo.
El profesional del derecho asegura que la Constitución en su artículo 103 y en la Ley 134 de 1994 permiten convocar a un referéndum revocatorio ante decisiones legales y acuerdos que afecte a una comunidad.
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En tal sentido, solicitará a los estrados judiciales una medida cautelar para suspender el proceso que adelanta el mandatario local, mientras se adelanta la consulta ante el constituyente primario. De acuerdo al último censo electoral de Ocaña (83 mil sufragantes) se requieren 8 mil 300 firmas, pero apuntan a 20 mil para garantizar la participación masiva del pueblo.
¿Era la única salida?
Casadiego Sanjuán manifestó que únicamente cumple con un fallo judicial emanado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, donde se ordena al municipio la prestación de los servicios a través de una licitación pública.
El concejo otorgó las facultades el año anterior y en estos momentos los asesores jurídicos analizan la elaboración de los pliegos de condiciones en las plataformas para escoger al nuevo operador en esta localidad.
“Todo ciudadano tiene derecho a utilizar los mecanismos de participación popular que ofrece la Constitución. Nosotros respetamos el proceder de cualquier persona, pero siempre seremos respetuosos de la Ley. Esperemos los resultados de ese ejercicio”, agregó.
Mientras tanto el abogado Francisco Antonio Coronel Julio indicó que darán la pelea al considerar como lesiva la iniciativa para los usuarios en Ocaña.
Como se recuerda en sesiones extraordinarias de septiembre del año pasado los concejales otorgaron facultades al alcalde, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, para concesionar el agua sin realizar un cabildo abierto para escuchar a la gente.
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Los voceros cívicos radicaron la iniciativa ante la Registraduría para obtener los formatos y comenzar el proceso de recolección de las rúbricas encaminadas a dejar sin el piso jurídico esa disposición del orden municipal.
En defensa del agua
Los promotores buscan las firmas para salvar el manejo del agua que puede quedar en manos de particulares. El objetivo es dejar sin efecto el acuerdo por medio del cual los concejales entregan en las manos del alcalde la posibilidad de efectuar la licitación.
“No se puede bajo ninguna circunstancia permitir, ni entender, ni siquiera pensar que, el alcalde siga repitiendo una mentira que no se puede sostener, que es por culpa de un fallo judicial que él infortunadamente se ve sometido. No permitiremos hacer tremendo negocio con el acueducto”, anota Calvo.
Los miembros del comité consideran que existen otras alternativas como la creación de una entidad de economía mixta o una empresa netamente pública y no entregar los activos al mejor postor.
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“El alcalde tiene serias dificultades para abrir la licitación pública, ya que no ha cumplido con lo exigido en la sentencia, pues no ha retomado los activos, en poder de la actual Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO S.A.”, agrega.
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