La tardía implementación de los incentivos tributarios debido a los ajustes en la base de datos por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (Igac), donde aparece el cobro de sistematización, generó malestar entre los contribuyentes del impuesto predial en el municipio de Ocaña.

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Mientras unos abogados manifiestan que esa carga es ilegal ya que debe correr por cuenta de la entidad que recauda, el mandatario local, Samir Casadiego Sanjuán, explicó que el ejercicio contable es viable pues lo contempla el estatuto tributario, recién modificado en el ente territorial.

El líder social, Efrén Avendaño Peña, censuró la actitud de los concejales y el alcalde quienes aprobaron la facturación sistematizada por el monto de 21 mil 200 pesos por cada usuario.

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“Es inadmisible pagar la sistematización ya que ese aspecto debe correr por cuenta de la entidad. Es como si Centrales Eléctricas o la Empresa de Servicios de acueducto y alcantarillado cobrara por imprimir un recibo”, agregó.
 

No pagar los recibos 

El ex alcalde de Ocaña, abogado Francisco Antonio Coronel Julio, sostiene que esa sobretasa por facturación es una inventiva por parte del gobierno local y los concejales para sacarle la plata al pueblo.

“Es una grosería, una burla de este gobierno corrupto y los miembros de la corporación; la gente debe recordar a esos nefastos personajes para el castigo social en futuras elecciones”, agregó.
 
Manifestó que tanto los concejales y el alcalde actuaron como “ladrones de la noche” aprobando disposiciones que van en contra del pueblo.

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“Nunca socializaron el proyecto de acuerdo, soltaron la bomba de la licitación del agua para mantener distraídos a los opositores y se salieron con las suyas”, precisó.
 

Alcalde esgrime sus argumentos 

Ante el inconformismo el mandatario Samir Casadiego Sanjuán, indicó que ese cobro está contemplado en las modificaciones hechas por los concejales el año pasado al estatuto tributario municipal sobre el impuesto predial.  

“Es un mecanismo legal y justificado para percibir ingresos y contar con más recursos de inversión propia para la optimización de los servicios.

Existe una mala interpretación de una sentencia de la Procuraduría donde se habla del impuesto de industria y comercio, pero no del predial unificado”, recalcó.

Además, esos ajustes por parte del IGAC se efectuaron muy tarde, por lo que se solicitó la ampliación de las fechas de los incentivos del 20% hasta el 28 de febrero, 15% en el mes de marzo y 10% para la vigencia de abril.

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Casadiego estudia con los concejales la posibilidad de conceder un tiempo mayor para que la gente se ponga al día con el fisco municipal.
 

Postura de los que no votaron              

En vista de la arbitrariedad cometida con el cobro de esa sobretasa, 4 concejales se abstuvieron de votar la propuesta hecha por la alcaldía. Hicieron salvedad Cristian Jiménez Arévalo, Mario Castellanos, Evelio Chinchilla y Emerson Rueda, al considerar que la adopción de tasas para el pueblo corresponde al legislativo, en este caso el Congreso de la República.

“Desde noviembre del año pasado avizoramos las intenciones del alcalde con la actualización del estatuto de rentas”, indicó el abogado Cristian Jiménez.

Explicó que no se puede cargar los costos de la sistematización a los contribuyentes ya que esa función administrativa corresponde a la secretaría de Hacienda.

“Consideramos muy alto porque se propuso el cobro de una Unidad de Valor Tributario que corresponde a 42 mil pesos, cifra que se redujo al 0.5, lo que representa los $ 21.200 pesos. Ahí está la inconsistencia y se debe revisar”. Agregó.

 Explicó que la Procuraduría General de la Nación ya sentó jurisprudencia sobre el impuesto de industria y comercio, una situación muy similar ocurre con el predial unificado.

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El abogado indicó que avanzan las acciones para revocar esa disposición ya que toca el bolsillo de los ocañeros.

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