Nuevos hallazgos de tipo administrativo, contractual, financiero, asistencial y jurídico, fueron evidenciados por parte del agente especial interventor, Yamil Blel, designado por la Superintendencia Nacional de Salud en el hospital Emiro Quintero Cañizares, los cuales fueron trasladados por el funcionario a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para las respectivas investigaciones y sanciones a que haya a lugar.

Estas nuevas irregularidades se suman a los 87 hallazgos expuestos por la Supersalud el pasado 11 de noviembre, cuando el ente de control sustentó la decisión de intervenir el centro asistencial con el fin de  garantizar la vida de los usuarios y los recursos del sistema de salud.

Desde el día de la toma de posesión, el interventor y su equipo de trabajo realizaron un diagnóstico  del hospital que permitió consolidar un plan de acción para garantizar en el menor tiempo posible la estabilización del mismo. “Esperamos que a través de esta estrategia presentada a la Supersalud, se logren superar todas las falencias del hospital y el fortalecimiento integral de la institución”, señaló el interventor.

Hallazgos administrativos y financieros

• Concentración de contratos en pocos proveedores: Se identificó un favorecimiento con 6 contratistas por $35.672 millones, que representan el 39,4% del presupuesto de la vigencia 2020.

Entre las posibles irregularidades se encontraron el no cumplimiento de requisitos; contratación directa al identificarse que la mayoría de los contratos se adelantan bajo este proceso de selección, sin que se garanticen la pluralidad de oferentes; falta de sustento técnico y de estudios de mercado y financieros.

Así mismo, se evidenció el pago de anticipos sin justificación y sin un adecuado seguimiento del uso y manejo de los recursos.

• Medicamentos sin soportes legales:  El equipo auditor identificó medicamentos que no estaban relacionados en ningún contrato y ascienden hasta $3.085 millones.

• Presunta nómina paralela. Contratos sin planeación y mucho menos estudio de cargas laborales.  

• Solo $26.750 millones serían recuperables: Presunta sobreestimación de los activos de la empresa, pues de los $94.469 millones registrados en cuentas por cobrar, tan solo $26.752 millones serían recuperables.

• No cuenta con los recursos para cubrir sus obligaciones: Se estima que los pasivos del hospital podrían pasar de $18.297 millones a $29.300 millones.

• Procesos judiciales por más de $14 mil millones: Se identificó una subestimación del pasivo de la entidad por el no reconocimiento o registro de la totalidad de procesos judiciales, esto significa que el valor no contabilizado asciende $14.752 millones y corresponde a fallos condenatorios que superan los $2.564 millones y $12.188 millones de procesos en curso con un alto riesgo de pérdida.

• El recaudo solo alcanza para cubrir el 50% de la operación corriente del hospital.

• Riesgo de vida para los usuarios: Los equipos biomédicos del hospital no cuentan con el mantenimiento preventivo, lo que generaba un riesgo para la atención.

• Inconsistencias en la información del Hospital: El hospital no cuenta con un software integrado de información, por tanto, los procesos de historia clínica, admisión, facturación y cartera son administrados por terceros y son de propiedad y manejo la cooperativa contratista, hecho que  genera retrasos e inconsistencias de la información.

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Hallazgos Técnico-Científicos

• Sin insumos para garantizar la operación: Carencia de un stock o existencias de insumos y medicamentos.

• Riesgo en el uso de medicamentos: El almacenamiento de los medicamentos no cumplía con la reglamentación estipulada, además de identificarse inconsistencias en el inventario no solo de los medicamentos si no de los dispositivos médicos.

• La infraestructura de los puestos de salud incumplía los requisitos mínimos de habilitación, así como la unidad mental.

• Cancelación de más de 600 citas agendadas:  Se identificó falta de oportunidad en el acceso a consultas con especialidades sin especificar razones de peso, dificultando la accesibilidad de los pacientes con la oportunidad requerida.

• Prestación de servicios sin previa habilitación de la secretaría de salud: El centro asistencia ofertaba los servicios de ginecología, oncológica y perinatología, sin la respectiva habilitación y registro en el REPS; así como del servicio de endocrinología.

Por último, frente a la decisión en primera instancia del juez, Germán Alberto Rodríguez Manasse, de dejar sin efectos la resolución que ordenó la medida de intervención forzosa administrativa, en la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, la Superintendencia Nacional de Salud informa que,  es respetuosa de las decisiones judiciales y está ejerciendo todos los mecanismos legales con la finalidad de proteger el patrimonio público de los ocañeros y garantizar el servicio de salud.

La Superintendencia subrayó que con el Emiro Quintero Cañizares son ya seis los hospitales públicos que han sido objeto de intervención forzosa por parte del organismo durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. 

En marzo, lo fue el hospital San Marcos, de Sucre; en abril, el Sandiego de Cereté; en mayo, el hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta y el hospital San Rafael de Leticia; y en julio, la nueva ESE San Francisco de Asís, de Quibdó.