Más de mil campesinos llevan esperando durante varios años una solución a los problemas limítrofes presentados entre los departamentos del Cesar y Norte de Santander.
A pesar de las 5 audiencias públicas para analizar el deslinde, los abogados no han podido restablecer los derechos violados por la nulidad de las cartas catastrales de algunos predios de la zona rural del municipio de Ocaña para anexarlas al departamento del Cesar lo que ha generado un conflicto socioeconómico.
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El deslinde de la totalidad de la línea limítrofe con el vecino municipio de Río de Oro se ve reflejado en la cartografía trazada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual tiene grandes implicaciones ya que los agricultores aparecen en la configuración del último Censo Nacional poblacional efectuado en el año 2018 como ciudadanos del otro ente territorial.
El profesional del derecho, Diego Andrés Jácome Vergel ganó el proceso del propietario de la estación de combustibles Caracolí, Jorge Eliécer Manosalva Durán, pero la medida de la restitución de los derechos no cobija al resto de los labriegos de la zona.
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Ese litigio surgió en el año 2006 y un lustro después, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi trasladó de manera inconsulta las cartas catastrales y la única demanda salió favorable en el 2018 cuando el Tribunal Administrativo de Norte de Santander determinó la nulidad por algunas inconsistencias, sin embargo, se anunció para marzo del presente año otra sesión para acopiar documentos.
“Nos tienen embolatados”: labriego
Luis Eduardo Díaz Álvarez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Pueblo Nuevo, el más afectado por la segregación, manifiesta que están cansados de asistir a reuniones donde nunca entregan una solución concreta a la problemática.
“Hace rato nos tienen embolatados y no hemos podido acceder a los beneficios de la reparación ya que la Unidad de Víctimas se ha encontrado con esos y tropiezos”, recalcó.
Mientras se actualizan los datos, por ahora reciben los servicios de educación y salud en Ocaña, pero los impuestos deben pagarlos en Río de Oro Cesar. “Hemos hablado con todos los alcaldes, dirigentes políticos e incluso con la Procuraduría para que intercedan por que estamos a la deriva, del timbo al tambo y nadie escucha nuestras peticiones”, indicó el líder comunal.
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Censuran la manera como se hacen esos cambios arbitrarios que impactan desde el punto de vista económico y social a la región. “Es triste, ya que nos acostamos como ciudadanos nortesantandereanos y al otro día amanecimos como habitantes del Cesar”, agregó el vocero comunal quien emprendió la lucha por reivindicar los derechos.
Ninguna luz al final del túnel
Los campesinos están desesperados, no encuentran qué camino seguir ante los procesos de actualización de datos de los programas sociales, los lineamientos para la reparación a las víctimas y los incentivos tributarios de los impuestos otorgados por el fisco municipal.
El director de la oficina de Desarrollo Rural, José Luis Amaya Pérez señaló que el proceso es bastante complejo y afecta ostensiblemente a los cultivadores de la región.
“El 15 de diciembre de 2020, mediante resolución 1049, el IGAC reabrió el proceso para buscar una salida concertada entre las alcaldías, gobernaciones, jefes de planeación y asesores jurídicos de ambos departamentos. Se han realizado 5 sesiones de manera virtual debido a la pandemia, pero los avances no han sido significativos”, recalcó.
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Los resultados de todo ese proceso deben ir al Congreso de la República para que se convalide la concertación respaldada con documentos histórico, sociales, políticos, administrativos, económicos y culturales.
Víctimas de la violencia
La mayoría de esos campesinos han sido desplazados por la violencia y a raíz del traslado de las cartas catastrales, la Unidad Nacional de Víctimas no ha podido implementar el ‘Plan de reparación integral colectiva’.
“Prácticamente los habitantes de Pueblo Nuevo han sido revictimizados, ya que al traslado inconsulto que genera implicaciones en todos los aspectos sociales, los han privado de las ayudas humanitarias. Asimismo, tienen dificultades con los programas del Sisbén, Familias en Acción, Adulto Mayor, Régimen subsidiado de salud. Para que el proceso de paz y el post conflicto avance se debe solucionar el problema limítrofe”, reiteró Amaya.
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Los campesinos fieles a su patria chica no se dejaron censar por funcionarios del Cesar, han sido tajantes y no entregan información para ser incorporada a los Dispositivos Móviles de Captura del DANE. Se resisten a pagar los impuestos, ni mucho menos van a votar en el otro departamento en las próximas elecciones, pues consideran que los dirigentes políticos pescan en río revuelto.
La chispa del litigio
El conflicto territorial surgió en el año 2006 cuando el dirigente liberal Jorge Eliécer Manosalva decide montar la estación de combustibles Caracolí en el bien denominado ‘Indonesia’ sobre la carretera Ocaña-Aguachica, lo que atrajo a los conductores del sur del Cesar para abastecer los vehículos debido al subsidio otorgado en Norte de Santander.
El próspero negocio generó celos entre los gobernantes de turno del vecino departamento quienes instauraron el respectivo denuncio. La subdirección Geográfica y de Cartografía del IGAC verificó la situación y adelantó el estudio técnico hallando doble matrícula catastral de 90 predios pertenecientes a los corregimientos de Pueblo Nuevo, Agua de la Virgen y Aguas Claras de Ocaña. Se ordenó la segregación y los anexó a Río de Oro, sur del Cesar.
Ahora los habitantes irónicamente están obligados a pagar los impuestos en el vecino municipio y los programas sociales son prestados por Norte de Santander.
Desde el año 2011 Ocaña ha dejado de percibir recursos del impuesto predial en detrimento del fisco municipal y los mandatarios de turno no han dirimido la batalla en el campo jurídico, ya que el directo responsable de las acciones debe ser el gobernador pues el conflicto es a nivel departamental.
Las veredas afectadas por el conflicto territorial con el departamento del Cesar dependen económica y funcionalmente del municipio de Ocaña, incluyendo la prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria y educativo por la alcaldía municipal.
La extensión del conflicto territorial con el departamento del Cesar es de 104.31 kilómetros cuadrados, de acuerdo con los datos contemplados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del año 2002.
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Al municipio de Río de Oro pasan predios de las veredas San Pedro, Los Curos, El Poleo, El Cauca, Palmarito, Hierbabuena, Los Curitos, La Ceiba, San Antonio y Carrizal. A González, Cotorreras y Cristo Rey. Asimismo, a San Martín Fundación y Miraflores.
En los estrados judiciales
Existe un fallo del Tribunal Administrativo donde se declara la nulidad de los actos del IGAC y se ordena mantener la inscripción del predio Indonesia en el catastro de Norte de Santander debido a una falsa motivación y violación del debido proceso.
El abogado Diego Jácome Vergel explica que su apoderado, Jorge Eliécer Manosalva Durán, propietario de la estación de gasolina Caracolí, donde se generó el litigio limítrofe ganó el pleito al IGAC donde los magistrados ordenan la devolución de la carta catastral a Norte de Santander. Sin embargo, se requiere una acción de carácter general de los otros campesinos para que los predios vuelvan al ente territorial de Ocaña.
Los campesinos afectados esperan una defensa bien estructurada por parte del gobernador, Silvano Serrano Guerrero, pues consideran que el traslado se efectuó de manera arbitraria e inconsulta ocasionando daños y perjuicios a casi mil agricultores de ese corredor limítrofe.
La decisión del alto Tribunal
La defensa de los territorios segregados está basada en una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 22 de noviembre del año 2018 donde se pone al descubierto una falsa motivación y viola el debido proceso del propietario del predio Indonesia, motivo del problema limítrofe.
Se fundamenta en lo dispuesto en cuanto al trámite de límites dudosos, en la Ley 1447 de 2011. También tiene en cuenta el oficio del 24 de febrero de 2015 del IGAC dirigido a la comisión de ordenamiento territorial de la Cámara de Representantes, donde indica que no se pudo tener la refrendación del acta de deslinde por parte de los gobernadores y asambleas departamentales.
Sobre las causales de nulidad, el abogado Jácome Vergel demuestra una falsa motivación, pues dice que los hechos señalados en la resolución, tiene diferencias sustanciales con los probados en los antecedentes administrativos.
“Esto por cuanto, manifestaba que no existía controversia entre los departamentos sobre los límites definidos, y hay un oficio del alcalde del municipio de Ocaña para la época Yebrail Haddad Lineros indicando la inconformidad con lo dispuesto por el IGAC”.
Asegura que se tipifica como una falsa motivación por aplicación errónea de los reglamentado en la Resolución 070 de 2011, donde advierte el tribunal “…por lo que se concluye que, tal y como lo afirma el demandante, no era procedente darle aplicación al artículo 61 de la resolución 070 sino al artículo 62 respecto de límites dudosos. Es decir, a través del Congreso de la República”.
Tampoco se tuvieron en cuenta aspectos históricos de la tradición del bien, “…indicando la ubicación del predio en cuestión en el municipio de Ocaña; aspectos que debieron tenerse en cuenta a la hora de fijar el límite departamental fundamentado en la tradición, máxime cuando en dicha diligencia no hicieron presencia todos los representantes de las entidades territoriales” y que dicho trámite debe hacerse luego de que el Congreso fije el límite.
En cuanto a la violación al debido proceso, el Tribunal encuentra que el IGAC omitió realizar el estudio previo requerido para emitir la resolución final, lo que implica que “procedió a expedir la resolución demandada con inobservancia de lo ordenado”.
Asimismo, falta de competencia donde “se concluye que, el IGAC es la entidad encargada de adelantar las diligencias de deslinde y amontonamiento de las entidades territoriales, pero es el Congreso de la República la autoridad competente para definir los límites dudosos y solucionar los conflictos limítrofes de las regiones territoriales, departamentales y distritos de diferentes departamentos… por lo tanto, no era la autoridad competente para definir el límite entre los departamentos del Cesar y Norte de Santander…”.
El alto tribunal concluye que el IGAC le dio efectos a tal acta sin el lleno de los requisitos y sin la ratificación de los límites por la autoridad competente, que es el Congreso.
Igualmente, “usurpó una función que no le correspondía, ya que las condiciones y procedimientos relativos a límites entre Departamentos los determina la ley de conformidad con el artículo 290 de la Constitución.
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El fallo proferido en primera instancia fue impugnado por el IGAC, pero luego se logró que se desistiere del recurso interpuesto, actuación que se surtió en audiencia de conciliación del 04 de marzo de 2019”, puntualiza el abogado Diego Jácome Vergel.
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