Vladimir Ernesto Daza Hernández, Juez Promiscuo Municipal de Urumita, La Guajira, fue destituido e inhabilitado por diez años por provocar que los dineros de una caja de salud cobijados por medidas cautelares no estuvieran disponibles para el trámite de liquidación de la entidad durante meses.

Estos hechos corresponden a la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom EPS) pues aunque se ordenó la liquidación de la misma, Daza Hernández demoró el envío de los dineros que tenía embargados.

Esta decisión fue confirmada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en segunda instancia quien además le prohibió el ejercicio de funciones públicas por el mismo período. La primera instancia había sido fallada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira.

La corporación determinó que la conducta del juez fue “sustancialmente ilícita porque afectó el deber funcional de proceder conforme a derecho y se produjo un daño, en tanto se siguió adelante con un proceso que debía terminarse por disposición legal”.

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