El expediente de la Fiscalía de Guatemala contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no tiene cómo prosperar, a pesar de que fue el mismo ente acusador de ese país el que anunció una investigación contra el funcionario por la presunta manipulación de las investigaciones sobre Odebrecht.

La razón es sencilla: Velásquez goza inmunidad diplomática otorgada por el Estado guatemalteco cuando asumió el liderazgo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el grupo de juristas convocado por Naciones Unidas para esclarecer los delitos de corrupción relacionados con la constructora brasileña.

Conozca: Investigación contra Minfedensa desata crisis diplomática con Guatemala

Mejor dicho: Velásquez es intocable en Guatemala. El mismo presidente, Alejandro Giammattei, reconoció que “tiene una amnistía total por los hechos o los actos que cometió como funcionario de la Cicig”. Además, hay tratados internacionales que ese Gobierno –por ley– tiene que respetar.

“En caso de que la investigación fuera efectiva, el caso se cierra contra el señor Velásquez porque él goza de una inmunidad otorgada por un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas. (...) Puede estar tranquilo, una persecución penal contra él no puede haber”, admitió Giammattei.

El mandatario centroamericano fue el mismo que llamó “guerrillero” al presidente colombiano, Gustavo Petro, cuando este y su Gobierno cerraron filas en torno a Velásquez.

Ese cruce de declaraciones entre las casas presidenciales terminó generando una crisis diplomática que amenazó con romper 200 años de relaciones entre las dos naciones y fracturando los canales entre Petro (de izquierda) y Giammatei (de derecha).

Entérese: MinDefensa, en la mira de la Fiscalía de Guatemala por caso Odebrech

La noticia sobre la investigación se conoció el pasado martes, cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció la apertura del expediente. Según el ente acusador, el funcionario estuvo al tanto de los movimientos de dinero que se hacían entre jueces, fiscales y empresarios de Odebrecht para presuntamente favorecer a los investigados de la compañía.

El jurista fue señalado por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia y conspiración; una serie de cargos similares a lo que en Colombia se conoce como concierto para delinquir.

Pero desde ese mismo día la pesquisa no fue tomada en serio por los principales organismos internacionales, que aseguraron que la crisis política de ese país tiene coptados a los poderes juidiciales (ver recuadro).

Pese a eso, Giammattei intentó calmar los ánimos afirmando que en Guatemala hay una separación de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion