Managua (AFP) 

Cristiana Chamorro, la aspirante a la presidencia con más posibilidades de enfrentar la casi segura candidatura de Daniel Ortega en Nicaragua, quedó con un pie fuera de las elecciones presidenciales de noviembre, tras ser acusada por el gobierno de lavado de activos.

La Fiscalía empezó a investigar a Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), luego de que el Ministerio de Gobernación la señaló sorpresivamente por supuestas irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre (FVBCH), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

Después de 10 días de indagaciones, el Ministerio Público acusó a Cristiana, de 67 años, “por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”, según un comunicado. 

Las medidas solicitadas por la fiscalía en contra de Chamorro, comprenden “retención migratoria (...) prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, más la inhabilitación para cargos públicos, por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.

Su madre y expresidenta derrotó en 1990 a Daniel Ortega en las urnas, cuando este intentó reelegirse después de su primer gobierno (1985-1990).

“Lo que hace bárbaro el Ministerio Público es despojarla de sus derechos civiles y políticos, cuando apenas están metiendo la acusación”, explicó la historiadora y exguerrillera Dora María Téllez.

Según Téllez, “técnicamente Chamorro todavía no está inhibida pero tiene la espada de Damocles y la decisión de Ortega de inhibirla”.

Rival importante

“Yo soy inocente hasta que no me demuestren lo contrario. Aquí no me han podido demostrar ningún cargo, por tanto podemos acceder a cargos de elección”, dijo Chamorro. Ella considera los cargos una “farsa” para sacarla de la contienda electoral.

La opositora, que no milita en ningún partido, tiene un 21% de apoyo ciudadano, el segundo mayor después de Ortega (30%), según un sondeo de la firma Cid Gallup divulgado la semana pasada en medios locales.

Las medidas de la Fiscalía son extensivas a otras tres personas, entre ellos la corresponsal de la cadena hispana Univisión, María Lili Delgado, extrabajadora de la fundación, y los periodistas María Arróliga y Guillermo Medrano, que cumplían funciones en la organización hasta su reciente cierre.

La FVBCH cerró sus operaciones este año, luego de que una ley aprobada por el congreso oficialista extremara los controles a los aportes que ONG recibían desde el exterior, y a declararse como agentes extranjeros.

Cerca de 20 testigos entre periodistas, dueños de medios de comunicación y personal de la FVCH han desfilado por la fiscalía y, según allegados al gobierno, la lista de personas que serán llamadas es amplia.

Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral, conformado por magistrados nombrados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dejó fuera de carrera al Partido de Restauración Democrática (PRD-evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país.   

El aspirante presidencial, Félix Maradiaga, dijo que la acción de la fiscalía “es una aberración jurídica y un acto desesperado por frenar la unidad de la oposición”, que buscaba aliarse en un solo bloque para competir con Ortega.

“Es posible que después de Cristiana sigan otras inhibiciones a más precandidatos, ya que Ortega quiere sacar del juego a los opositores que le signifiquen mayor reto a su plan de perpetuarse en el poder”, dijo Maradiaga.

La acción de la fiscalía tuvo lugar luego que Chamorro, concurrió la mañana del martes a la sede de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL), para inscribirse en el proceso de selección del candidato de esa agrupación.

El registro de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados será entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Para los opositores, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, buscará una cuarta elección sucesiva. 

El gobernante de 75 años, enfrenta desde el 2018 una crisis política detonada por protestas masivas por algunas medidas de su gobierno que desencadenaron en pedidos de renuncia. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Ortega, se trató de un intento fallido de golpe de Estado, respaldado por Washington.