Un informe elaborado por la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) señala a las fuerzas de seguridad de Venezuela de complicidad con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), en numerosos abusos contra la población civil en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia.

Según la organización, “múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios”, les confirmaron la alianza de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con el grupo guerrillero colombiano y su participación en crímenes, que incluyen asesinatos y desapariciones forzadas.

La investigación incluye visitas a los departamentos colombianos de Vichada y Arauca en febrero de este año y entrevistas con más de 100 personas, entre ellos desplazados, líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Según esta ONG, los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera han provocado “un aumento dramático de la violencia” en los primeros meses de 202 forzando a miles de personas a huir de sus hogares, de acuerdo con el documento, avanzado por el diario  ‘El Tiempo’.

El corazón de este informe es la violencia que se viene registrando en el marco de los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente -una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)- y el Eln, que se disputan el control del territorio y el tráfico de drogas en el departamento de Arauca y el estado venezolano de Apure.

  “Los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del Eln y han sido cómplices de sus abusos”, denuncia HRW.

Según Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas en HRW, pese a algunas medidas, “la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”. “Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”, ha apuntado.

En la mayoría de los casos, los grupos armados acusaron a las víctimas de ser cómplices de otros colectivos  ilegales como justificación para asesinarlos o perpetrar su desaparición.

Cita el caso, por ejemplo, de dos habitantes de El Ripial, en Venezuela, a los que el Eln y miembros de las FANB acusaron de ser colaboradores del Comando Conjunto de Oriente el pasado 2 de enero.

“El soldado de la FANB acusó a ambos de ser ‘informantes’ del Comando Conjunto de Oriente. Salcedo (nombre cambiado para proteger su identidad) lo negó y los miembros del Eln lo amenazaron de muerte. Salcedo dijo que, cuando los guerrilleros se fueron, vio a través de una rendija en su puerta cómo dos miembros del Eln empujaban a Murillo , quien estaba atado de pies y manos, al suelo en el patio trasero de Salcedo. Otro testigo le confirmó estos hechos a HRW.

Salcedo dijo que un miembro del Eln le disparó dos veces a Murillo y los guerrilleros arrastraron su cuerpo a una camioneta”. La situación ha generado un cuantioso desplazamiento.