El rechazo a las vacunas contra la COVID-19 se disparó en Perú y bordea el 50% según sondeos, en momentos que una segunda ola del coronavirus golpea a éste país que registra 39.000 muertos y más de un millón de contagios desde que surgió la pandemia.
Un sorprendente 48% de encuestados asegura que no se vacunaría si pudiese hacerlo ahora, frente a un 48% que sí se inmunizaría contra el coronavirus indica el sondeo de Ipsos publicado el sábado por el diario El Comercio.
El crecimiento de los antivacunas poco más que duplica al 22% registrado en agosto pasado, cuando se difundió la primera encuesta sobre vacunación. En ese entonces un 75% estaba a favor.
En diciembre, el porcentaje se dividió entre 57% a favor y 40% en contra de la vacuna, según otro sondeo de Ipsos.
La principal razón que esgrime un 52% de los antivacunas es que "aun no se conocen todos los efectos secundarios que podría tener la vacuna en el organismo".
"Las vacunas son un mecanismo conocido y práctico para todos nosotros. Es normal que la gente tenga dudas e incertidumbre", dijo el sábado a la televisora estatal la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.
El gobierno dispuso que la vacunación contra la COVID-19 será gratuita cuando esta empiece a suministrarse. También descartó que sea obligatoria.
La encuesta de Ipsos se realizó del 13 al 15 de enero entre 1.210 personas en las 25 regiones de Perú. Su margen de error es de 2,8%.
El movimiento antivacunas es activo en redes sociales y en el Parlamento peruano, donde un legislador pretende bloquear su aplicación en el país.
En Facebook, la abogada Rosa Apaza, uno de los rostros más visibles de ese movimiento, equiparó la vacunación contra el covid-19 con "el genocidio" de la población en un video difundido hace diez días.
El gobierno peruano anunció el seis de enero que llegó a acuerdos de compra con la farmacéutica china Sinopharm para adquirir 38 millones de dosis de su vacuna y con la británica AstraZeneca por otros 14 millones.
Un primer millón de dosis de la vacuna de Sinopharm debe llegar al país antes de fin de enero para ser aplicadas a cerca de medio millón de trabajadores de salud, según las autoridades.
