Viernes, 15 de Agosto de 2014
~A mediados del siglo 20, en los albores del 48, las instituciones más
representativas de la ciudad, en lo social, eran sin duda, el Concejo
Municipal por el sector público y su contraparte, la Sociedad de Mejoras
Públicas en representación de la ciudadanía, sin desconocer las labores
que en lo económico desarrollaba la Cámara de Comercio.
gerard.raynaud@gmail.com
A mediados del siglo 20, en los albores del 48, las instituciones más representativas de la ciudad, en lo social, eran sin duda, el Concejo Municipal por el sector público y su contraparte, la Sociedad de Mejoras Públicas en representación de la ciudadanía, sin desconocer las labores que en lo económico desarrollaba la Cámara de Comercio.
Puede decirse que ambas trabajaban de la mano en pro del beneficio mutuo y buscando el bienestar de todos los habitantes del municipio, sin embargo, era necesario que a veces, se recordaran también mutuamente, cuáles eran sus metas y sus objetivos para que se realinearan en sus caminos, de los cuales en ocasiones se apartaban.
En esta ocasión, el Concejo integrado por el selecto grupo de ciudadanos Virgilio Barco, Carlos Arturo García, Miguel Roberto Gélvis, Augusto Mendoza Bonilla, Alfonso Lara, Luis Enrique Moncada, Eduardo Silva Carradini, Oscar Vergel Pacheco, Nicolás Colmenares, Víctor M. Pérez, Julio Restrepo, Justo Vásquez, José Manuel Villalobos, Luis F. Ibarra y Carlos Rafael Villamizar, recibió de la Sociedad de Mejoras Pública un extenso compendio de peticiones, en las que se mezclan reclamos y críticas por ciertas decisiones, en su mayoría desacertadas, tomadas por la corporación edilicia y que hacen mención y citas con datos exactos.
Por su parte, la Sociedad de Mejoras Públicas estaba conformada por unos ciudadanos no menos distinguidos entre los que se contaban Rodrigo Peñaranda Yáñez, Augusto Martínez, José Faccini, Jorge Simonet, Manuel Sanclemente, Alfredo Ramírez Berti, León Drolet, Guillermo Eslava, Régulo García-Herreros, Luis Alberto Villalobos, Rafael Rangel Duran y la poetisa Alma Luz.
Cada grupo, por su lado, buscaba lo mejor para su ciudad y sobre esta premisa emprendían acciones para que el desarrollo citadino fuera cada día más visible y los resultados más beneficiosos para sus habitantes. No perdían ocasión para lanzarse ‘pullas’ que mostraran lo que habían hecho mal o lo que no se hubiera debido hacer, siempre con los sentimientos políticos de por medio; sin embargo, al final de cuentas, siempre conciliaban y llegaban a acuerdos en los cuales la ganadora era la ciudad.
Pero veamos algunos detalles de las solicitudes y de los mensajes que por ese año se hacían. Para quienes creían que las famosas sobretasas que hoy se cobran eran un invento reciente, pues se equivocan. En el año 48, en Concejo aprobó un sobre precio a las obras de pavimentación en un 15% de los cuales 3% le obsequió a la Sociedad de Mejoras Públicas para financiar algunas de sus obras. Esta suma que equivalía aproximadamente a unos $1.800, valor que le pareció insignificante ya que argumentaba le había construido al municipio más de 2.500 metros cuadrados en mejoras a sus propiedades con un costo que superaba los $7,000, a lo cual no estaba obligada pero que lo hacía para contribuir a la modernización de sus instalaciones. Además, criticaban el proceso de pavimentación, toda vez que desde la modernización de la ciudad, comenzaron a cambiar el empedrado tradicional que se tenía desde los tiempos del siglo anterior, luego de la reconstrucción, hasta el momento en que se trajo el primer automóvil, situación que
demandó un cambio en la planificación, tanto de las calles como de la estructura física de sus componentes. La pavimentación se venía haciendo en ladrillo, condición apenas obvia, dadas las oportunidades que se tenían para aprovechar el material de la región, pero éste presentaba serias dificultades en cuanto a durabilidad y economía, pues con el descubrimiento y posterior explotación de los yacimientos petroleros, la aparición del asfalto constituía una alternativa, no sólo más rentable sino más cómoda, moderna y duradera. Por estas razones, el Concejo había decidido en plenaria, adoptar el pavimento de asfalto para completar las pocas calles que aún faltaban por terminar. Previendo las necesidades futuras de la ciudad, la SMP se había aventurado a conseguir la maquinaria adecuada para realizar esa actividad, sin embargo, no se había podido realizar ninguna de las actividades de pavimentación, puesto que el Concejo no había facilitado los recursos apropiados por la Nación que habían sido girados para ese fin
exclusivo, por lo cual le informaban al Concejo ‘del mal irreparable que le estaban haciendo a Cúcuta’ y agregaban que ‘tendríamos que paralizar nuestras obras por sustracción de materia, pero como no podemos dejar nuestros dineros en pedazos de hierro, que se oxiden y se vengan a menos y paralizar las obras que Cúcuta necesita con urgencia suprema’. No es menos angustioso el remate de la nota cuando les dicen a los miembros del Concejo, ‘H.H. señores del Concejo, resolved ahora en vuestra sabiduría y sabed solamente que es irrevocable nuestro propósito de no aceptar o promover, ahora ni nunca, cualquier lucha que no sea emulación de servir, entre la Sociedad de Mejoras Públicas y el Concejo Municipal de Cúcuta’. Con estas últimas palabras terminan el capítulo de la pavimentación y pasan la página para tocar otro tema no menos importante, el del nuevo aeropuerto. Ya habíamos escrito una crónica sobre el tema de los aeropuertos de Cúcuta y para cerrar este escrito solamente haré referencia a la nota escrita
por la SMP sobre este caso. Cerrado el aeropuerto de Los Patios por razones aerológicas y topográficas, Avianca tuvo la necesidad imperiosa de construir su propio campo de aterrizaje y por tal motivo, dichas instalaciones eran de uso exclusivo de esa compañía. Cazadero era su nombre y solamente estaban autorizadas de utilizarlo las aeronaves de Avianca. La SMP preocupada por la restricción que se le oponía a las demás empresas aéreas que operaban en el territorio nacional, le solicitaba al Concejo su intervención para la autorización de un ‘aeropuerto libre’; sin embargo, la SMP logró que el Gobierno Nacional le autorizara construir el aeropuerto de San Luis, luego de las evaluaciones que realizara la Comisión de Aeronáutica Civil que visitó la ciudad y le diera el visto bueno a la nueva ubicación del aeropuerto. Detalles de este suceso puede leerse en la crónica ya publicada en este mismo medio ‘Cuando Cúcuta tenía dos aeropuertos’. Ahora le decían al Concejo, ‘queremos hacer de esta obra una empresa ejempla
r de espíritu público y estamos a las órdenes del Concejo para que nos diga cómo quiere que se realice esta obra redentora’. Continuaremos en la próxima entrega con las demás propuestas presentadas al Honorable Concejo.
A mediados del siglo 20, en los albores del 48, las instituciones más representativas de la ciudad, en lo social, eran sin duda, el Concejo Municipal por el sector público y su contraparte, la Sociedad de Mejoras Públicas en representación de la ciudadanía, sin desconocer las labores que en lo económico desarrollaba la Cámara de Comercio.
Puede decirse que ambas trabajaban de la mano en pro del beneficio mutuo y buscando el bienestar de todos los habitantes del municipio, sin embargo, era necesario que a veces, se recordaran también mutuamente, cuáles eran sus metas y sus objetivos para que se realinearan en sus caminos, de los cuales en ocasiones se apartaban.
En esta ocasión, el Concejo integrado por el selecto grupo de ciudadanos Virgilio Barco, Carlos Arturo García, Miguel Roberto Gélvis, Augusto Mendoza Bonilla, Alfonso Lara, Luis Enrique Moncada, Eduardo Silva Carradini, Oscar Vergel Pacheco, Nicolás Colmenares, Víctor M. Pérez, Julio Restrepo, Justo Vásquez, José Manuel Villalobos, Luis F. Ibarra y Carlos Rafael Villamizar, recibió de la Sociedad de Mejoras Pública un extenso compendio de peticiones, en las que se mezclan reclamos y críticas por ciertas decisiones, en su mayoría desacertadas, tomadas por la corporación edilicia y que hacen mención y citas con datos exactos.
Por su parte, la Sociedad de Mejoras Públicas estaba conformada por unos ciudadanos no menos distinguidos entre los que se contaban Rodrigo Peñaranda Yáñez, Augusto Martínez, José Faccini, Jorge Simonet, Manuel Sanclemente, Alfredo Ramírez Berti, León Drolet, Guillermo Eslava, Régulo García-Herreros, Luis Alberto Villalobos, Rafael Rangel Duran y la poetisa Alma Luz.
Cada grupo, por su lado, buscaba lo mejor para su ciudad y sobre esta premisa emprendían acciones para que el desarrollo citadino fuera cada día más visible y los resultados más beneficiosos para sus habitantes. No perdían ocasión para lanzarse ‘pullas’ que mostraran lo que habían hecho mal o lo que no se hubiera debido hacer, siempre con los sentimientos políticos de por medio; sin embargo, al final de cuentas, siempre conciliaban y llegaban a acuerdos en los cuales la ganadora era la ciudad.
Pero veamos algunos detalles de las solicitudes y de los mensajes que por ese año se hacían. Para quienes creían que las famosas sobretasas que hoy se cobran eran un invento reciente, pues se equivocan. En el año 48, en Concejo aprobó un sobre precio a las obras de pavimentación en un 15% de los cuales 3% le obsequió a la Sociedad de Mejoras Públicas para financiar algunas de sus obras. Esta suma que equivalía aproximadamente a unos $1.800, valor que le pareció insignificante ya que argumentaba le había construido al municipio más de 2.500 metros cuadrados en mejoras a sus propiedades con un costo que superaba los $7,000, a lo cual no estaba obligada pero que lo hacía para contribuir a la modernización de sus instalaciones. Además, criticaban el proceso de pavimentación, toda vez que desde la modernización de la ciudad, comenzaron a cambiar el empedrado tradicional que se tenía desde los tiempos del siglo anterior, luego de la reconstrucción, hasta el momento en que se trajo el primer automóvil, situación que
demandó un cambio en la planificación, tanto de las calles como de la estructura física de sus componentes. La pavimentación se venía haciendo en ladrillo, condición apenas obvia, dadas las oportunidades que se tenían para aprovechar el material de la región, pero éste presentaba serias dificultades en cuanto a durabilidad y economía, pues con el descubrimiento y posterior explotación de los yacimientos petroleros, la aparición del asfalto constituía una alternativa, no sólo más rentable sino más cómoda, moderna y duradera. Por estas razones, el Concejo había decidido en plenaria, adoptar el pavimento de asfalto para completar las pocas calles que aún faltaban por terminar. Previendo las necesidades futuras de la ciudad, la SMP se había aventurado a conseguir la maquinaria adecuada para realizar esa actividad, sin embargo, no se había podido realizar ninguna de las actividades de pavimentación, puesto que el Concejo no había facilitado los recursos apropiados por la Nación que habían sido girados para ese fin
exclusivo, por lo cual le informaban al Concejo ‘del mal irreparable que le estaban haciendo a Cúcuta’ y agregaban que ‘tendríamos que paralizar nuestras obras por sustracción de materia, pero como no podemos dejar nuestros dineros en pedazos de hierro, que se oxiden y se vengan a menos y paralizar las obras que Cúcuta necesita con urgencia suprema’. No es menos angustioso el remate de la nota cuando les dicen a los miembros del Concejo, ‘H.H. señores del Concejo, resolved ahora en vuestra sabiduría y sabed solamente que es irrevocable nuestro propósito de no aceptar o promover, ahora ni nunca, cualquier lucha que no sea emulación de servir, entre la Sociedad de Mejoras Públicas y el Concejo Municipal de Cúcuta’. Con estas últimas palabras terminan el capítulo de la pavimentación y pasan la página para tocar otro tema no menos importante, el del nuevo aeropuerto. Ya habíamos escrito una crónica sobre el tema de los aeropuertos de Cúcuta y para cerrar este escrito solamente haré referencia a la nota escrita
por la SMP sobre este caso. Cerrado el aeropuerto de Los Patios por razones aerológicas y topográficas, Avianca tuvo la necesidad imperiosa de construir su propio campo de aterrizaje y por tal motivo, dichas instalaciones eran de uso exclusivo de esa compañía. Cazadero era su nombre y solamente estaban autorizadas de utilizarlo las aeronaves de Avianca. La SMP preocupada por la restricción que se le oponía a las demás empresas aéreas que operaban en el territorio nacional, le solicitaba al Concejo su intervención para la autorización de un ‘aeropuerto libre’; sin embargo, la SMP logró que el Gobierno Nacional le autorizara construir el aeropuerto de San Luis, luego de las evaluaciones que realizara la Comisión de Aeronáutica Civil que visitó la ciudad y le diera el visto bueno a la nueva ubicación del aeropuerto. Detalles de este suceso puede leerse en la crónica ya publicada en este mismo medio ‘Cuando Cúcuta tenía dos aeropuertos’. Ahora le decían al Concejo, ‘queremos hacer de esta obra una empresa ejempla
r de espíritu público y estamos a las órdenes del Concejo para que nos diga cómo quiere que se realice esta obra redentora’. Continuaremos en la próxima entrega con las demás propuestas presentadas al Honorable Concejo.
