~Para una gran mayoría de habitantes de Norte de Santander, el Catatumbo no pasa de ser una referencia geográfica de una parte de nuestro espacio territorial, cuya realidad es invisible para el cotidiano de nuestras cabeceras principales del Área Metropolitana de Cúcuta, Ocaña y Pamplona.~ Para una gran mayoría de habitantes de Norte de Santander, el Catatumbo no pasa de ser una referencia geográfica de una parte de nuestro espacio territorial, cuya realidad es invisible para el cotidiano de nuestras cabeceras principales del Área Metropolitana de Cúcuta, Ocaña y Pamplona.

Su línea fronteriza binacional en medio de la selva, la ausencia de vías terciarias habilitadas y de medios de comunicación locales con eco regional, hacen que las profundas vivencias en sus municipios y sus corregimientos no formen parte de las prioridades gubernamentales. La mención de sus problemáticas y necesidades, solo logra eco nacional cuando se generan protestas y hechos violentos.

Al perder la clase política el liderazgo y la confianza ciudadana en ser sus portavoces, las movilizaciones urbanas y rurales se han convertido en el instrumento social de lograr reivindicaciones, así lo hemos visto a nivel mundial en las manifestaciones de Francia y España y recientemente de Brasil, las cuales inevitablemente terminan en choques contra la fuerza pública, con saldo de muertos y heridos.

El campesinado del Catatumbo, ha vuelto a ejercer acciones de hecho, para buscar acuerdos con la Nación, muchas de las razones de las protestas son válidas, otras en cambio desbordan la respuesta del Estado, como en toda movilización hay actores válidos y representativos, pero también infiltrados con intereses diferentes a los comunitarios.

La respuesta del gobierno nacional, ha sido lenta y precavida, lo que ha ido en desmedro de la agudización de los acontecimientos y de la normalidad en las poblaciones, sobre todo en Ocaña y Tibú. La  fuerza pública se ha visto enfrentada a los manifestantes y el saldo se ha traducido en cuatro muertos y decenas de heridos entre policías y civiles, ante estos hechos difusos, se han generado acusaciones mutuas de parte y parte que generan confusión e incertidumbre en la población civil ajena al conflicto.

Cierto es que la actividad cocalera es ilícita, pero también lo es, que el Estado no ha querido realizar las inversiones y puesta de cuantiosos recursos, que redunden en un desarrollo diferente de esta zona, que le permita insertarse en la economía regional y nacional, a más de lograr que se pueda visibilizar su permanente realidad.