Dos hechos de la semana que terminó dejan en evidencia la ligereza con que se manejan en Colombia, en muchos casos, asuntos que debieran merecer lucidez de parte de quienes los asumen. Uno es la salida del general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional sobre restablecimiento de la pena de muerte para castigar a quienes  cometan crímenes contra niños. Poco después de divulgada en los medios la propuesta el alto oficial se retractó o rectificó diciendo  que no era pena capital sino cadena perpetua.

De todas maneras, la iniciativa del general Palomino desempolvó el tema de la pena de muerte como procedimiento de justicia para castigar actos criminales. Pero aunque el país necesita combatir  las diferentes formas de violencia que tantas víctimas han dejado, la fórmula de quitarle  la vida a un condenado no tiene buen recibo. Porque, además, no es solución y su aplicación se prestaría a revanchismo presionado por odios, prejuicios o intereses a contravía de la justicia.

La sociedad colombiana requiere sin duda una justicia que repare tantas faltas que la impunidad ha dejado pasar sin ninguna sanción. Se impone en ese proceso de saneamiento una justicia transparente, oportuna, que tome en cuenta los derechos de las personas y los intereses fundamentales de todos y no de unos pocos.

La pena de muerte no es una expresión acertada de justicia como reparación del delito. La sociedad tiene que garantizar su seguridad no con excesos de represión sino bajo condiciones que generen conciencia sobre el respeto a la vida y los valores que la dignifican y enaltecen.

La suma de cadáveres de condenados  a los cuales se les aplique la pena de muerte, no curaría los males provocados por los criminales.  Hay que aplicar otras dinámicas de justicia en función de fortalezas en la vida de todos.

El otro hecho negativo es el ´lobby´ de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura ante el Congreso, con ofrecimiento de cuotas burocráticas  a sus miembros para que no se apruebe la eliminación de ese organismo. Es agregarle otra mancha  a las muchas que ya tienen entidades de la rama judicial del poder público en Colombia.

Es lamentable esa capacidad de degradación de sus funciones de algunos magistrados de las altas Cortes. Y no se corrigen a pesar del rechazo público  a esas prácticas. Reinciden en los desatinos con olvido  de la ética y de la decencia. Se dedican a defender su parcela de poder, sin importarles  que hacen parte del Estado colombiano. Les puede la desfachatez.

Puntada
El fallo de la Corte Constitucional sobre adopción de niños por parejas del mismo sexo es contraria al principio de igualdad que debiera aplicarse a la sociedad colombiana para salir del laberinto en que han caído  derechos fundamentales.