Los múltiples y  aberrantes casos de secuestros  de menores, ejecutados en varias poblaciones del país por funcionarios del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, valiéndose de los incisos de la ley en reemplazo de las armas de fuego que otros bandidos utilizan, -los que viene divulgando  el programa de Caracol Televisión Séptimo Día-, tienden un manto de duda sobre el papel que este importante instituto cumple dentro del Estado colombiano, desnaturalizando su rol en nuestra sociedad, cuyo objetivo, por mandato de la ley, es “fortalecer la familia y proteger al menor de edad”.

Pero lo que mas indigna en el caso de estas denuncias, es la forma como los funcionarios de ese instituto  manipulan y engañan a los padres naturales de los menores,  aprovechándose de su humildad y su ignorancia,  convirtiéndolos en víctimas propicias,  por demás inermes, de  los  procedimientos irregulares y extremadamente crueles  de lo que  parece ser una red de traficantes de menores, como quiera que, en su gran mayoría, estos han ido a parar a manos de matrimonios extranjeros que los han adoptado, muy seguramente previo el pago de grandes sumas de dólares.

Estas dolorosas historias que de las que nos hemos enterado tantos colombianos a través del programa de televisión del periodista Manuel Teodoro, ameritan una enérgica reacción de toda la sociedad colombiana para que, de inmediato, se tomen medidas encaminadas a terminar con este repugnante delito, sin atender a las presiones que con toda seguridad se van a presentar, al amparo de solidaridades partidistas y compadrazgos políticos, y sin escuchar a quienes casi siempre esgrimen el  curialesco argumento de que no podemos dañar la imagen del país, destapando otra olla podrida, porque, al contrario, esa es una reacción necesaria y conveniente en la lucha contra la corrupción. Es urgente que la Procuraduría General de la Nación, con sus procuradores regionales y locales a la cabeza, haga un pronunciamiento sobre estos vergonzosos sucesos, y adelante, por fin, una investigación seria en todas las regionales del ICBF, que permita, en asocio con la Fiscalía, detectar, enjuiciar y sancionar  esta banda de criminales que explota el hambre y la miseria. De otra parte, si nuestros legisladores tienen todavía algo  sensibilidad social, y sus quehaceres en favor de los dueños del país, los banqueros y los grandes empresarios, les permite recordar que Colombia es un estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana,  debieran  ponerle coto a este vergonzoso tráfico de niños, prohibiendo que los extranjeros no residentes en Colombia puedan adoptar niños colombianos, como ocurre en muchos otros países, para evitar que tengamos que seguir presenciando el denigrante espectáculo de turistas que casi a diario  viajan a nuestro país a comprar niños, como si se tratara de micos del Amazonas.