¿Shakira podría ir a la cárcel? Eso es lo que pide la fiscalía española en el documento legal en el que se hace oficial la acusación en contra de la cantante. En la orden se pide una condena de ocho años y dos meses de cárcel por seis delitos contra la Hacienda Pública por defraudar 14,5 millones de euros al evitar el pago del IRPF y del impuesto de su patrimonio entre el 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Pero no es todo. La cantante colombiana además de ir a la cárcel, tendría que pagar una multa de 23,7 millones de euros al Estado español.
El ministerio público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde 2012 residía en España y, por lo tanto, estaba obligada a tributar en este país desde entonces.
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La artista colombiana ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria española y otros 3 millones de intereses que no impide la orden para condenarla. La cantante está tranquila, según un comunicado oficial “dejará el tema a manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón” y rechazó un acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada. Ella confía en su inocencia.
Su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle, destaca el comunicado. En su defensa la cantante dijo que estaba en ese país por su agenda de conciertos y televisiva para demostrar que permaneció menos de los 184 días en España ya que, pasado ese tiempo se debe tributar en el país.
La Hacienda Pública española reclamó esos 14,5 millones de euros al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
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Ese dinero que según el Gobierno, la cantante debía, ya los pagó. Pero puede ir a prisión por el supuesto fraude que implicó mentir sobre su estadía permanente en España.
El caso se remonta a 2017, cuando los denominados “Papeles del Paraíso”, una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que residía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.
La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.
Los abogados de la cantante aclararon que residía en Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar “sin parar”, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”.
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