Durante un año y medio, las autoridades estuvieron tras la pista de una organización dedicada a falsificar cédulas de ciudadanía para beneficiar a migrantes de Venezuela, México, Haití, Cuba, Medio Oriente y Asia, que hacían su tránsito por Cúcuta.

Una mujer, identificada como Emilse Conde Durán, alias ‘La Mona’, era quien lideraba la estructura.

Según una fuente judicial cercana a las pesquisas, ella era el enlace entre los migrantes y los contactos que tenía en la Registraduría, para tramitar el documento de identidad fraudulento.

“A ella se acercaban las personas de los países referenciados y así les analizaba el perfil a cada una. Les cobraba entre 3 y 5 millones de pesos y luego las enviaba a las sedes de la Registraduría de Ábrego o Sardinata”, explicó la fuente.

Según se conoció, los registradores encargados de estos lugares recibían un porcentaje de dinero por cada trámite que se adelantaba en sus oficinas.

Soldados del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 2, adscritos a la Trigésima Brigada del Ejército, en conjunto con el CTI de la Fiscalía y Migración Colombia, apoyados por la Registraduría y la Embajada de Estados Unidos, adelantaron las labores de inteligencia para golpear a esta estructura, arrojando como resultado inicial la captura de nueve personas, de las cuales, al cierre de esta edición, ocho fueron enviadas a la cárcel y una recibió el beneficio de casa por cárcel.

Los capturados

Entre los detenidos están Francisco Alberto Páez Vergel, registrador municipal de Ábrego; Carlos Octavio Ramírez Tabares, registrador de Sardinata; Elkin Eduardo Bacca Sánchez, auxiliar administrativo de la Registraduría de Ábrego; María del Pilar Montejo Gélvez, esposa del registrador de Sardinata y presunta tramitadora; Ayda Luz Sánchez García, exfuncionaria de la Registraduría de Sardinata; Carmen Cecilia Cañas Morantes, exfuncionaria de la Registraduría; Emilse Conde Durán, y Carlos Eduardo Jaimes Vera, esposo de Conde y señalado de tramitador junto con Jaime Olivares Acevedo.

La Fiscalía aseguró que las investigaciones demostraron que los documentos de identificación habrían sido tramitados y soportados con información falsa y declaraciones de aparentes testigos, que indicaban que los aspirantes nacieron en Colombia o llevaban varios años viviendo en el país. “Hay indicios de algunos casos en los que, con esta documentación, fueron solicitadas visas para ingresar a Estados Unidos y países de Europa”, señaló el ente acusador.

Una fuente judicial aseguró que en las pesquisas se detectaron otras personas vinculadas a la organización y se espera que en los próximos días se adelanten nuevos operativos.

“Son hechos de corrupción que tenían permeados a varios funcionarios, liderados por una persona exterior a la Registraduría. Con esto buscaban beneficiar a las personas para que continuaran su tránsito hacia Centroamérica y Estados Unidos sacando el pasaporte con documentos colombianos”, explicó.

Medidas de aseguramiento 
Los detenidos fueron escuchados en audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías, en las que finalmente ocho fueron enviados a prisión, mientras que uno gozó de casa por cárcel, por concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, cohecho propio, prevaricato por acción, cohecho por dar y ofrecer, y falsedad material en documento público.

El coronel Ilvar Orlando González, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, aseguró que esta operación se logró gracias a labores de contrainteligencia militar y a la verificación de diferentes elementos que conllevaron a las verificaciones de las autoridades.

“El Ejército continúa con las operaciones para neutralizar acciones que ponen en riesgo la seguridad de la Nación y, asimismo, brinda acompañamiento a los entes gubernamentales para dar con el paradero de las personas que facilitan la obtención de documentación colombiana de forma fraudulenta”, dijo el oficial.

Cero tolerancia
El registrador nacional Alexander Vega Rocha les recordó a los funcionarios de la entidad el empeño de cero tolerancia a la corrupción y su lucha frontal contra las redes que pretenden nacionalizar irregularmente a extranjeros, inscribir ilegalmente a nacionales en el registro civil de nacimiento y tramitar irregularmente la cédula de ciudadanía.
 
“El propósito de este trabajo interinstitucional es combatir a las mafias que, al parecer, desde el interior de la entidad están nacionalizando irregular e ilegalmente a extranjeros para hacerlos pasar falsamente como colombianos. Como registrador tengo el compromiso de luchar contra este flagelo”, resaltó Vega.