~Tiempos de descomposición moral, como los de hoy, conducen a situaciones   inverosímiles en las que se llega a acuerdos muy solemnes para actuar de manera correcta. Es lo que acaban de hacer 191 empresas del sector petrolero que, como si tuvieran dudas de su pasado, firmaron un gran acuerdo para no ser corruptas.~ Tiempos de descomposición moral, como los de hoy, conducen a situaciones   inverosímiles en las que se llega a acuerdos muy solemnes para actuar de manera correcta. Es lo que acaban de hacer 191 empresas del sector petrolero que, como si tuvieran dudas de su pasado, firmaron un gran acuerdo para no ser corruptas.

La decisión, patrocinada por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), a la que están afiliadas, permite hacer varias reflexiones.

Decidir que de ahora en adelante combatirán los sobornos y las prebendas, es decir, la corrupción, puede significar, por un lado, que las petroleras acaban de descubrir que tales conductas son delictivas y no quieren caer en ellas, y por otro, que quizás actuaron de manera corrupta y no quieren hacerlo de nuevo.

Pero pactar para no ser corruptos es un sinsentido, pues al fin y al cabo, la sociedad ha combatido la corrupción, en mayor o menor grado, casi desde cuando comenzó a darse un principio de organización. En cierto sentido, es como si todos los colombianos, pactáramos no hurtar o no matar o no eludir los compromisos fiscales: esas conductas existen en Colombia desde el comienzo de su historia.

¿Qué hay de nuevo, entonces, en la decisión de las poderosas petroleras? Nada y mucho. Nada, porque decir que combatirán la corrupción es como llover sobre mojado, porque se supone que el ordenamiento jurídico colombiano lucha, no solo contra la corrupción, sino contra toda una gama de delitos.

Y mucho, porque en la declaración oficial, no reconocen que sobornar es un delito (todo lo tratan en términos de mercado), y desconocen que exista la justicia, pues los empresarios mismos se constituyen, ante eventuales casos de corrupción, en fiscales y jueces y calibradores de la gravedad del delito, al margen del Estado.

Veamos: de acuerdo con Margarita Villate, directora ejecutiva de Campetrol, “la corrupción representa una problemática compleja que, tanto en el sector público como privado, conduce a una distorsión de los mercados, desequilibrando la libre y justa competencia”.

Y la propuesta: las petroleras se encargarán de denunciar los casos más graves ante el Departamento Jurídico de Campetrol, ente responsable de analizarlos e informarlos al Centro Regional de Apoyo para América Latina del Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, no existen ni fiscalía ni contraloría ni procuraduría ni jueces ni policía. Solo el tribunal del petróleo y sus magistrados.

Pero, además, dentro de tanto exabrupto, surge otro, aterrador: el gran compromiso es denunciar solo los casos más graves, sin especificar qué debe entenderse como más grave ni quién debe determinarlo.

Queda de bulto que los pequeños sobornos jamás serán ni denunciados ni juzgados ni sancionados. Serán algo así como casos de baranda para la justicia petrolera colombiana, creada dentro de “un marco ético para el desarrollo de los negocios, con reglas claras y justas para todas las organizaciones”.

No, señores petroleros. En su sector hay corruptos pequeños, medianos y grandes (recuerden el reciente caso de Petro Tiger Limited), y han cometido actos graves y más graves (ningún acto de corrupción puede ser no grave) y todos, sin excepción, deben ser llevados ante los jueces y fiscales y funcionarios de control del Estado, antes que a ninguna otra parte.

Insistir en desconocer a la Justicia es, ni más ni menos, un golpe de Estado, como tantos que han financiado y patrocinado otros petroleros incluso en países del vecindario.