Durante los últimos cinco meses, unidades de la Sijín de Norte de Santander se dedicaron a seguirle el rastro a una presunta comisión de finanzas de la disidencia del Frente 33 de las Farc que azotó, al menos dos años, al sector minero.
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Una fuente humana alertó a los investigadores de la presencia de cinco miembros de esta estructura, entre Cúcuta, El Zulia, Astilleros y Sardinata, que se dedicaban a exigirles una cuota extorsiva por cada tonelada de carbón que se produce en las minas y además, de monopolizar la compra-venta del mineral.
Las autoridades adelantaron labores sigilosas de inteligencia para empezar a identificar a los responsables de estos hechos y rápidamente recopilaron el material probatorio que les permitió tramitar las órdenes de captura contra los cinco miembros de la organización.
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Según se conoció, las ganancias que se dan alrededor del control del negocio del carbón ascienden a 20.000 millones de pesos mensuales, por lo que los grupos armados ilegales están concentrando su atención en este sector.
Una fuente judicial aseguró que los detenidos presuntamente se encargaban de cobrar las extorsiones a los mineros y de quemarles sus vehículos para ejercer presión y de esta manera accedieran a sus exigencias de dinero.
Precisamente, estas personas están involucradas en la incineración de un camión Turbo, que pertenecía a un comerciante de transporte de alimentos, en el sector Urimaco, en la vía Cúcuta-El Zulia.
¿Quiénes son?
Pedro Antonio Franco Rodríguez, conocido como ‘Pablo’ o ‘El Viejo’, presuntamente es el líder de las milicias urbanas de esta comisión de la disidencia de las Farc, en el área metropolitana de Cúcuta.
Asimismo, cayó Steeven Camilo Monsalve Pinto, alias Cami o Andrés, quien fungía como el segundo al mando.
Wilson Quintero Barbosa, conocido como ‘Leo’; Hervemael Castillo, ‘Zancudo’, y Adrián Jhoneider Sánchez Uscátegui, alias Luis, son los otros tres presuntos integrantes de esta organización ilegal.
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De manera extraoficial se conoció que ‘Cami’ y ‘Leo’ pertenecen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Las autoridades adelantaron un operativo en el barrio Antonia Santos, de la ciudadela Juan Atalaya, donde capturaron a los cinco sospechosos, cuando, al parecer, estaban reunidos planeando cometer un hecho delictivo.
Asimismo, la Policía de Norte de Santander allanó las viviendas de estas personas, donde se incautó de material de intendencia, motocicletas, agendas y cuadernos en los que los detenidos tenían información del cobro de las extorsiones y de las ventas del carbón.
Los capturados le rendían cuentas a alias Richard y Pedro, líderes de la disidencia del Frente 33, por lo que la presencia de esta comisión en esta zona del departamento tenía un propósito claro y era fortalecer las finanzas de esta organización armada ilegal que se está expandiendo en la zona de frontera.
Las alianzas
La disidencia del Frente 33 de las Farc, al parecer, está estrechando alianzas delictivas con el Eln para dividirse el control de la venta de carbón en Norte de Santander.
“Los grupos armados ilegales se dieron cuenta de la importancia del negocio del carbón, por eso están abriéndose paso en este comercio, lo que le ha restado interés al tráfico de drogas”, explicó una fuente judicial.
No obstante, este fenómeno está generando además de múltiples extorsiones y sometimientos a los empresarios de este sector minero, desplazamientos, pues una vez los grupos ilegales se apoderan de las minas, sus propietarios deben entregarlas y huir para no exponerse a retaliaciones violentas.
Los lugares donde más está ocurriendo estos hechos son en Cerro Mono, Cerro Guayabo y San Roque, por donde hay presencia de las minas de carbón.
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