Francisco Rogelio Niño Jaime, juez segundo de tierras de Norte de Santander; Edgar Cruces Medina, juez civil municipal de Los Patios; Luisa María Carvajal López, oficial mayor del juzgado civil municipal de Los Patios; Wolfang Ricardo Báez Sepúlveda, secretario del juzgado civil municipal y los abogados litigantes  Farid Zafra Arias y María Cristina Uribe Vera, fueron capturados el lunes en Cúcuta en un operativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación en asocio con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Jesús Orlando Ospitia, director de fiscalías nacionales, sostuvo que el operativo se realizó en el marco de una investigación que lleva más de un año en curso y en la que se les acusa a los capturados por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, cohecho y concusión.

“Los hechos relacionados en esta investigación corresponden a situaciones referidas en procesos ejecutivos en los cuales se disponía de los remates de los bienes, de manera arbitraria y contraria a la ley, resultando beneficiados postores que eran escogidos con antelación”, señaló Ospitia.

(Maura Yolanda Jaimes Arias (izquierda) y sus hermanos Edgar Edmundo y Américo Yesid, aceptaron cargos.)

El director de fiscalías nacionales agregó que la investigación inició con base en informaciones obtenidas de parte de una fuente no formal, que luego logró formalizarse a través de una persona que ahora colabora con la justicia.

Según Ospitia, el modo de operar de esta banda consistía en, una vez iniciado el proceso ejecutivo en contra de un deudor, el juez civil libraba el correspondiente mandamiento de pago y sobre la base de quedar saneado el crédito, disponía del remate de los bienes embargados.

“Sin embargo, lo que la investigación ha podido determinar es que, a pesar de que el deudor lograba ponerse al día con su deuda, su bien era rematado. Peor aún, los que lograban hacerse a este bien rematado, eran postores previamente concertados, sobre la base de que ya habían consignado el 70% del valor del inmueble a rematar. El 30% restante que se pagaba sobre el inmueble rematado, era lo que se repartían entre todos”, señaló.

Ospitia aclaró que, si bien no se ha podido establecer a cuánto asciende el monto de lo que los seis capturados se habrían repartido, sí se sabe que participaron en al menos 6 casos de este tipo.

“No tenemos los cálculos económicos en este momento de los bienes que habrían sido rematados de esta manera, porque eran bienes que estaban embargados y grabados en procesos ejecutivos, es decir, que respaldaban créditos”, enfatizó.

Ospitia también agregó que no es la primera situación de este tipo que se tiene en el país.

“Esto mismo lo hemos visto en Barranquilla, Córdoba y Popayán. De hecho, en el último año se han capturado 15 jueces y 16 fiscales, así como más de 100 personas entre abogados, funcionarios de la justicia y particulares, que desarrollaban actividades contra la administración de justicia”, precisó.

Al cierre de esta edición, avanzaba en Bogotá la diligencia de imputación, legalización de la captura y petición por parte de la Fiscalía de medida de aseguramiento, contra 5 de los detenidos. La abogada María Cristina Uribe, por estar embarazada, fue dejada en Cúcuta.

Extraoficialmente, La Opinión conoció que estas capturas son la continuación de la investigación que la Fiscalía ha venido adelantando contra una banda que se dedicaba a estafar incautos en Cúcuta con bienes en remate, y que era liderada por tres hermanos, conocida como la ‘Banda de Maura’.

‘Banda de Maura’ aceptó cargos

Maura Yolanda Jaimes Arias y sus hermanos Edgar Edmundo y Américo Yesid, aceptaron haber estafado a varias personas que, bajo engaños, pagaron por viviendas producto de falsos remates o embargos. La Fiscalía estimó en $3.020 millones el valor total de los perjuicios patrimoniales.

Según se conoció, en el caso de Maura, la banda operó entre 2013 y marzo de 2015 (fecha en que fueron detenidos) bajo la empresa Cobra Segura. La mujer se hacía pasar como abogada y con sus hermanos y cómplices decían tener influencias con jueces y secretarios de despachos, donde supuestamente tramitaban los remates de los inmuebles. Mostraban las casas y apartamentos y advertían a los compradores que no podrían ingresar, solo mirarlos por fuera.

Investigadores recopilaron información que revela que los estafadores, entre los que se encuentran algunos abogados, vendían casas en remate ubicadas en diferentes barrios de Cúcuta, Los Patios y Chinácota, las cuales tenían precios que iban desde los $40 millones hasta los $480 millones.

Los estafadores afirmaban que el dinero debía ser consignado en una cuenta bancaria de una sociedad.

La Opinión