Durante los últimos dos días en Ocaña, se escucharon parte de esas descarnadas historias que quedaron alrededor de los falsos positivos cometidos por la Brigada Móvil 15 del batallón Francisco de Paula Santander, del Ejército, entre 2007 y 2008F en el Catatumbo, pero los familiares de esas víctimas inocentes aún quedan con varias interrogantes que nadie les respondió durante la audiencia de reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), ni lo han hecho durante esos 14 años que han tenido que vivir un calvario.

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¿Quién ordenó los falsos positivos? ¿Cuáles son esas personas que están involucradas en esas ejecuciones extrajudiciales y que no han querido revelar sus nombres? ¿Por qué no cuentan toda la verdad? ¿Dónde están los restos de todas esas personas que desaparecieron?

Esas preguntas nadie las ha respondido, dejando aún un manto de duda sobre lo ocurrido. 

En la sesión de ayer, además de dos coroneles, se escuchó la versión de los hechos del general (r) Paulino Coronado Gámez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante de la Brigada 30, el militar de más alto rango en acudir a la JEP a contar su versión sobre los falsos positivos. 
 

Precisamente, esas dudas que aún tienen los familiares de las víctimas, llevaron a que ayer, cuando la magistrada Catalina Díaz le hacía unas preguntas al general (r) Coronado, sobre si en algún momento de su comandancia se enteró de las ejecuciones extrajudiciales que estaban cometiendo sus hombres en Ocaña y él aseguró que no, los dolientes se levantaran de sus sillas en el auditorio y mostraron varias cartulinas con esos interrogantes. “Aquí falta verdad”, “¿Quién dio la orden?”, se leía en los carteles. 

Pese a la respuesta del exgeneral, la magistrada le preguntó que si en diciembre de 2007, él asistió a un encuentro por la defensa de los derechos humanos y la vida que se hizo con organizaciones no gubernamentales, campesinos y comunidad en general, entre ellas algunos familiares de personas asesinadas y señaladas como guerrilleros para ese año, evento que se llevó a cabo en el auditorio Leonela, a lo que el exmilitar respondió que sí estuvo, pero que jamás hablaron abiertamente de que se estaban presentando los falsos positivos.

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Esa respuesta aumentó aún más la rabia e impotencia de los dolientes, quienes decidieron seguir mostrando esos carteles, como signo de protesta.

Una de las madres de esas víctimas que mataron en 2007, le aseguró a La Opinión que Paulino Coronado no quería aceptar que sí le contaron en esa oportunidad lo que estaba pasando con sus hombres en el Catatumbo, “solo lo hace porque sabe que su responsabilidad ya no sería por omisión, sino como actor directo, pues al enterarse y no actuar lo hace un cómplice directo de esos asesinos”, indicó la mujer.

Ante tal situación, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió dar un receso para que los ánimos se calmaran y que el exmilitar pudiera reunirse con su abogada y así pensará mejor su respuesta. Luego de media hora de receso, la audiencia se reanudo pero el general (r) no volvió al atril. 

Solo al final, cuando se comenzó a dar el cierre de la diligencia judicial, Coronado se levantó y con el micrófono aseguró que, “como mi convicción es con la verdad, siendo las víctimas mi mayor responsabilidad, asumo, como lo plantee en noviembre de 2021, la imputación que se me hizo… en su totalidad. Acepto que estuve en la reunión del teatro Leonela, el 6 de diciembre de 2007. Acepto que se plantearon aspectos o informes con relación a las situaciones de derechos humanos y acepto todos los cargos por crímenes internacionales”.

Luego de eso, cada uno de los exmilitares que participaron en la audiencia aceptó haber participado de una u otra forma en los falsos positivos y a la vez pidieron perdón, manifestando que ninguna de las víctimas que presentaron como bajas en combates pertenecían a algún grupo armado ilegal.

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Más relatos de los exmilitares

Sin embargo, desde el martes se venían escuchando los testimonios de esos 10 exmilitares y el civil responsables de esta macabra época (2007-2008) donde fueron asesinadas más de 120 personas para presentarlas como muertas en combates y así inflar las estadísticas que el Ejército llevaba en Ocaña y no quedar como una de las unidades más flojas de Colombia.

La confesión del sargento segundo (r) Sandro Pérez Contreras en la audiencia de reconocimiento fue una de las más impactates, pues él, al igual que el resto, aceptó que fue uno de los que planeó cómo se haría el reclutamiento de jóvenes en Soacha (Cundinamarca) para traerlos al Catatumbo y asesinarlos, para luego hacerlos pasar como bajas en combate.

“Yo hago una oferta criminal y tomó contacto con una persona en Bogotá para matar a esos muchachos inocentes, a los que les robamos sus sueños. Planee cómo llevar a cada uno de esos jóvenes a Ocaña, cómo se debían entregar a los militares para que los asesinaron y los hicieran pasar como muertes en combate. Planee cómo debían comprar los pasajes para no dejar rastro. Planee cómo hacer para que esas personas quedarán como muertas en combate y fuera difícil de identificarlas".

Agregó: “hoy acepto ante ustedes, ante el país y ante el mundo que utilicé mi uniforme, mi grado que tuve dentro de la institución (Ejército) con el pretexto de dar resultados operacionales, haciéndoles creer que eran legales, pero que en realidad eran asesinatos de seres humanos inocentes, que no tenían ningún vínculo con algún grupo al margen de la ley. Me convertí para ustedes, familias de la víctimas, en una máquina de muerte”.

Alexander Carretero Díaz es uno de los civiles que se encargó de engañar y llevar jóvenes de Soacha, de Cundinamarca; Gamarra y Bucaramanga, en Santander; y Aguachica, en Cesar, para entregárselos a algunos miembros del Ejército del Batallón Móvil 15, en Ocaña, para que luego los mataran y los hicieran pasar como guerrilleros.

Su confesión ha sido clave para los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues con eso han sabido cómo se dio el reclutamiento de esas víctimas.

Precisamente, ayer, parado sobre el atril en el auditorio Jorge Pacheco Quintero, de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña, volvió a mencionar cómo eran los reclutamientos y recordó cómo inició esas macabras acciones, además, nombró otras dos personas que lo involucraron en eso: Pedro Antonio Gamez y Dairo Palomino.

Según Carretero, estos dos hombres eran los encargados de llevar los jóvenes a Ocaña y entregarlos a los militares en Ocaña, luego él se metió en eso y comenzó a recibir dinero por lo que hacía.

“Yo no puedo devolverles a sus hijos, pero si puedo contarles la verdad”, esa fue una de las frases que usó Alexander Carretero para narrarles a los familiares de las víctimas cómo fue que se llevó a algunos muchachos de Soacha.

El excabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez, quien fuera comandante de una escuadra del batallón contraguerrilla 98, de la Brigada 15, de Ocaña, estando en ese grupo entre el 7 de febrero de 2007 y 19 de diciembre de 2008, también participó en varios asesinatos.

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“No voy a justificar lo que hice, porque cometí crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Se llevó a cabo un fenómeno criminal para la época de 2007 y 2008. Yo entré como soldado en 1995 y en mi vida como militar hasta llegar a suboficial se dieron muchas cosas, no solo fue en esa época (2007 y2008), fue durante muchos años. Eso ya era una ‘política’ (asesinar) que se llevaba dentro de las filas, no todos los militares, porque hay gente buena también”, señaló el exsuboficial.

Añadió: “tuvimos contactos con los paramilitares de la región y Aguachica para conseguir armas. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero debíamos dar resultados, entonces la lista que elaboré como de 14 o 15 personas nos ayudó. A ella (expendedora de droga) le pagábamos por cada persona que nos entregaba… Empezamos a ejecutar a los campesinos”.

Gutiérrez señaló que todo asesinato estuvo planeado, pues un paramilitar al que llamaba ‘Chalo’ les surtía las armas para presentar a sus víctimas como guerrilleros muertos en combates.

Y fue así como uno a uno, de los 10 exmilitares narraron cómo organizaron esas ejecuciones extrajudiciales, que tanto dolor y daño han ocasionado en diferentes familias de Norte de Santander, Cundinamarca, Santander y Cesar.

¡Qué los perdone Dios!

Ante las confesiones, los familiares de las víctimas volvieron a tener sentimientos encontrados, por eso en lo único que estaban seguros es que ellos jamás les perdonarán lo que les hicieron y solo se limitaron a decir: “¡Qué los perdone Dios, porque nosotros no!”.

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Además, muchas de esas personas que asistieron a la diligencia judicial quedaron inconformes, pues esperaban que los exmilitares les dijeran quién dio la orden de cometer esos falsos positivos.

También aseguran que aún falta mucha verdad por contar, “ellos no actuaron solos, ahí hubo mucha más gente que hoy están felices, disfrutando de lo que hicieron y deberían estar es acá respondiendo por lo que hicieron”, manifestó una angustiada madre.

En las intervenciones de los familiares de las víctimas, también aprovecharon para decirles que ellos son una deshonra para Colombia por haber asesinado a gente inocente, además, que son unas ‘máquinas’ de muerte.

Ahora, estas personas esperan que la JEP vuelva a programar otra audiencia para saber qué sanciones recibirán los responsables de su sufrimiento.

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