Jesús Suescún Contreras y Jackson Stiven Acevedo Leal recuperaron la libertad, después de pasar cuatro años en prisión, tras ser detenidos por la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), señalados de tener en su poder una subametralladora calibre 9 milímetros y un proveedor de 13 cartuchos.
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El allanamiento de la Policía se cumplió el 8 de junio de 2018, en una vivienda ubicada en el barrio Atalaya Primera Etapa, donde los uniformados hallaron el arma en un recipiente que estaba sobre una mesa, en el patio.
En el lugar estaban los dos procesados, junto con Jorge Enrique Hernández Moreno, quien también fue detenido y meses después falleció.
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Según se conoció, las autoridades arribaron a la casa, tras recibir información de fuente humana que les indicaba que allí funcionaba una ‘olla’ o expendio de drogas. Sin embargo, en medio de la inspección no encontraron ninguna sustancia ilícita.
La Sijín dejó a disposición de la Fiscalía a los capturados por porte ilegal de armas de uso restringido agravado, y luego de ser presentados en audiencias concentradas, un juez de control de garantías de Villa del Rosario decidió enviarlos a la cárcel.
La defensa
El abogado penalista José Ernesto Jaimes Chía asumió la defensa de Suescún y Acevedo, y así inició el proceso para desvirtuar las acusaciones que hicieron las autoridades sobre sus defendidos, hasta lograr que un juez los absolviera de los cargos y recobraran la libertad.
Los procesados desistieron de preacordar con la Fiscalía para disminuir la pena a la que se podrían enfrentar que oscilaba entre 22 a 30 años de cárcel, argumentando su inocencia.
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El profesional del derecho demostró en el juicio oral que las acusaciones de la Policía Judicial en contra de sus defendidos no podían ser comprobadas.
“A través de las técnicas de juicio oral, como interrogatorios y contra interrogatorio, se logró desvirtuar muchas situaciones y testimonios que habían precisado los investigadores”, explicó Jaimes Chía.
Según se conoció, la Fiscalía solo pudo demostrar que el arma incautada en el procedimiento sí funcionaba. Sin embargo, el ente acusador no comprobó la culpabilidad de los capturados en cuanto a la posesión de la subametralladora.
Estaban durmiendo
Jesús Suescún y Jackson Acevedo arrendaron una habitación en la vivienda donde estaban durmiendo la madrugada del 8 de junio, cuando llegó la Policía e hizo el allanamiento.
Los detenidos trabajan como vendedores informales, por lo que buscan algún lugar donde pasar la noche pagando una cuota económica.
Luego de recobrar su libertad, los dos hombres, junto con su abogado, están adelantando una acción administrativa en contra del Estado por la privación injusta de la libertad.
