La única salida que tuvo el soldado profesional Jhon Eider Arbeláez López, señalado de asesinar a Alejandro Carvajal, un campesino y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Teresita, de Sardinata, en marzo de 2020, fue hacer un preacuerdo con la Fiscalía para responder por el hecho y recibir los beneficios que otorga la Ley.
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Luego de casi tres años del proceso judicial, el militar fue condenado a pagar 40 meses de cárcel, además, una multa de 39 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, no podrá portar armas durante los próximos cuatro años y medio.
El caso se remonta a un operativo de erradicación de cultivos ilícitos en dicha vereda, en medio del inicio de la pandemia por la COVID-19, lo que generó el rechazo y el reclamo de los habitantes de este lugar.
En el momento en que ocurrió el hecho, se conoció que Alejandro Carvajal llegó hasta el sitio, para reemplazar a algunos de sus compañeros en la protesta y mientras estaba hablando junto con su papá y un hermano y alistando una hamaca para descansar, una bala lo impactó por la espalda y le causó la muerte de manera inmediata.
“Él murió frente a su papá y su hermano. No estaban armados, ni atacando a los militares, solo exigían que no erradicaran la coca, porque era su único sustento y había un acuerdo con el Gobierno”, explicó un habitante de la zona.
El disparo provino desde la parte baja, donde estaban los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N°9, por lo que rápidamente se identificó al autor del hecho.
Según se conoció, el balazo entró por la espalda de la víctima, perforó un pulmón y el corazón y en la salida, fracturó un dedo. El cadáver del campesino, de 22 años, quedó tendido en el lugar. El hecho ocurrió a las 3:00 de la tarde, del 26 de marzo de 2020.
Algunos testigos aseguraron que los demás militares subieron a la montaña donde quedó el cuerpo y con un detector de metal rastrearon la zona. Finalmente, el cartucho que impactó al campesino no fue hallado por las autoridades en la escena del hecho. Además, las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, tardaron varias horas en llegar a adelantar la inspección técnica.
El proceso judicial
El equipo jurídico de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) asumió la defensa de las víctimas y logró inicialmente que el proceso contra el militar se trasladara a una Fiscalía especializada en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, en Bogotá, luego de ver la lentitud en un despacho de Cúcuta.
Luego de tener el material probatorio, el siguiente paso fue lograr que el proceso saliera de la justicia penal militar y se pasara a la ordinaria, a pesar de que un juzgado militar intentó defenderlo.
“El debate se concentró en que, si bien es cierto que el militar involucrado estaba activo en el momento, el asesinato de Alejandro Carvajal no correspondía a las funciones propias del Ejército, por lo que esto llegó a la Corte Constitucional, que finalmente le dio la razón a la defensa y asignó el caso a la justicia ordinaria”, aseguró el equipo defensor.
Recientemente se conoció la sentencia del fallo por el delito de homicidio doloso, por lo que el militar deberá continuar en la cárcel.
Por ahora, la defensa de la víctima continúa con el proceso penal contra la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército, además, de la reparación a la esposa, el hijo, los papás y los hermanos de Alejandro Carvajal.
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