Desde hace más de 10 días permanecen detenidos en Bogotá los nortesantandereanos Jair Ramírez, Yurgen Gabriel Álvarez, Roque Caballero y Adolfo León García, capturados por las autoridades colombianas y la Interpol, y acusados de integrar una red de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

Los cuatro hombres fueron detenidos entre el 28 y 31 de enero, y permanecen en la Inspección de Policía Los Mártires en la capital colombiana, a la espera de un milagro.

Hoy, decenas de familiares se apostaron a las afueras del Palacio de Justicia para exigir la revisión de los casos y evitar el “intervencionismo” de Estados Unidos en esta situación, pues están a un paso de ser extraditados.

Erminda Tarazona, esposa de Álvarez, uno de los detenidos, expresó que su pareja trabajaba desde hace ocho meses como auxiliar mecánico en Termotasajero hasta que fue arrestado el 29 de enero en su casa en Doña Ceci, cuando dormían. Enfatizó que es padre de dos niñas de 3 y 5 años, el sostén del hogar y viven de su quincena.

Víctor Manuel Rodríguez, hijo de Roque Rodríguez, quien vende combustible en un puesto ilegal instalado en la autopista de Juan Atalaya, a siete cuadras de su vivienda, detalló que su progenitor fue detenido a las 4:00 de la madrugada mientras trabajaba. “No creía cuando me dijeron que a mi papá se lo había llevado la Interpol”.  

Otro caso es el de León García, uno de los posibles extraditables, que laboraba como comerciante informal de alimentos en Los Patios. Según su esposa, Judith Lorena Espinel, tras su aprehensión el 31 de enero, sus dos hijas de 2 y 3 años quedaron desamparadas. “Él nos dice que tengamos paciencia, le pidamos a Dios, porque tiene que haber justicia”.

Mientras, Mercedes Díaz, madre de Jair Ramírez Díaz, lamentó la “injusticia” por la que atraviesa su pariente y los demás capturados. Recalcó la inocencia de su hijo, quien es ganadero y comercia reses.

Los entrevistados concordaron en que ninguno de los detenidos se conocía, y esperan que las autoridades revisen detenidamente los antecedentes de cada uno de ellos y su situación, a fin de que sean liberados pronto.

La Red Departamental para la Defensa de los Derecho Humanos está asesorando a las familias y llevando la defensa de los arrestados. Enrique Pertuz Ariza, secretario técnico de la organización, insistió que se trata de ciudadanos probos, tres de ellos de muy bajos recursos, por lo que de ser necesario llevarán estos casos hasta la Corte Internacional de los Derechos Humanos.