Cúcuta sigue siendo un ‘paraíso’ para las redes de trata de personas y explotación sexual, y así lo han venido comprobando algunas organizaciones que han indagado sobre esto y las autoridades judiciales a medida que avanzan las investigaciones contra esas estructuras que poco a poco han quedado al descubierto, como la presunta organización que tenía la familia Durán Silva, desarticulada hace nueve días.

Actualmente, en la capital de Norte de Santander se estarían adelantando seis investigaciones contra organizaciones que se han dedicado a engañar niñas, adolescentes y mujeres adultas para someterlas sexualmente y así llenar sus bolsillos de dinero.

¿Pero quiénes están detrás de todo esto? ¿Quiénes son esos clientes potenciales que contratan a estas organizaciones para satisfacer sus aberrantes deseos? Son dos grandes inquietudes que hay sobre este ambiente ‘oscuro’ que se mueve por Cúcuta y que algunas autoridades guardan silencio, o solo se limitan a decir que el narcotráfico es el principal responsable, sin ir más allá, pero extraoficialmente se conoció que también habría algunos políticos, empresarios y hasta altos mandos de la Fuerza Pública detrás de este delito.

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El más reciente golpe que le dieron al clan Durán Silva, una de esas presuntas redes que día tras día fue solidificando su imperio económico engañando a sus víctimas, dejó entrever cómo se mueven esas estructuras.

Más de lo hallado

Este sábado, la Fiscalía reveló cómo Omaira Elena Silva Gómez, de 60 años, sus tres hijas Milangela Julieth, más conocida como ‘Mila’, de 29, Wendy Mishel Durán Silva, de 27, y Faysure Yvonne Silva, de 42; al igual que Willid Leonardo Chacón Silva y Edwin Antonio Ruiz Zapata, quienes presuntamente conformaban una estructura de tratas de personas y explotación sexual, engañaban a sus víctimas para someterlas a todo tipo de vejámenes.

Lo primero que esta red hacía para encontrar a sus víctimas era poner anuncios clasificados en diferentes medios de comunicación, en los que aseguraban que buscaban ‘chicas’ de 18 a 22 años y daban un número de celular para que las interesadas se comunicaran.

Una vez las jóvenes se contactaban, Faysure Silva era la encargada de analizarlas. Lo primero que veía era que fueran de escasos recursos económicos o migrantes, porque así se les facilitaba mucho más poderlas engañar, ofreciéndoles muy buenos ingresos en dólares, con la idea de que con ese dinero podrían ayudar a sus familias, además, debían cumplir con ciertos rasgos físicos.

“Jóvenes de 18 a 22 años eran atraídas por esas ofertas laborales que les hacían como camareras o meseras y empleadas domésticas en Panamá y Ecuador”, aseguró el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Javier García Trochez.

Precisamente, la red tenía algunos apartamentos en ciudades de estos dos países donde llevaban a sus víctimas y las encerraban para someterlas a la explotación sexual.

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Pero, según la Fiscalía, muchas de esas jóvenes, antes de ser sacadas de Colombia, también eran explotadas sexualmente en Cúcuta, donde las obligaban a estar con algunos clientes ‘potenciales’.

“Las mujeres que creían en el ofrecimiento, al parecer, eran retenidas en medio de amenazas de muerte y obligadas a ofrecer servicios sexuales inicialmente en Cúcuta y otros municipios, posteriormente eran llevadas a Panamá y Ecuador”, indicó García Trochez.

Lo que conocieron las autoridades es que antes de ser sacadas del país, las víctimas eran llevadas a unas casas en Cúcuta, donde las tenían encerradas, mientras que les organizaban pasaportes y pasajes.

“Las jóvenes eran sometidas a ‘pruebas’ que, al parecer, se convertían en abusos y vejámenes sexuales a los que un hombre las sometía para permitirles continuar con el aparente proceso de incorporación laboral”, señaló la Fiscalía.

Cuando ya tenían el viaje organizado, ‘Mila’, su hermana Wendy y su mamá, Omaira Silva, se encargaban de acompañarlas hasta su destino final, que era Panamá o Ecuador. “Una vez llegaban a alguno de esos países, Willid Chacón o Edwin Ruiz, se encargaban de controlarlas y de explotarlas sexualmente”, contó una fuente extraoficial.

El ‘infierno’ en el extranjero

De acuerdo con el material de prueba obtenido por la Fiscalía, la situación empeoraba en el extranjero. “Las jóvenes que viajaban, aparentemente eran encerradas y sus papeles eran retenidos hasta que cumplieran con el pago de las multas que les imponían por los traslados, la manutención y estadía”, sostuvo el informe de la autoridad.

A las víctimas les imponían deudas que oscilaban entre los 3.000 y 3.500 dólares, cobrándoles los pasaportes, los pasajes y la estadía, dinero que les era imposible pagar para devolverse rápidamente.

La Fiscalía también aseguró que “según los testimonios, la única forma de suplir la deuda, consistía en reunir entre 400 y 600 dólares diarios ejerciendo actividades sexuales”.

Y para evitar que alguna de las víctimas hiciera alguna cosa que pusiera en riesgo a la organización criminal, les quitaban los pasaportes, las mantenían encerradas y las amenazaban con matarlas o con asesinar a alguno de sus familiares en Cúcuta.

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Las autoridades también conocieron que la peor parte la llevaban quienes llegaran a quedar embarazadas, pues las golpeaban con patadas o puños y les inyectaban algunas cosas para que abortaran.

“Hay versiones que indican que las mujeres que quedaron embarazadas habrían sido sedadas y les indujeron abortos. Por estos hechos se han recibido hasta el momento cinco denuncias. Sin embargo, hay indicios de que esté ilícito se presentaba desde 2013”, explicó la Fiscalía.

En la investigación también se conoció que semanalmente los que estaban cuidando a estas mujeres, las llevaban a una agencia de giros internacionales y las hacían poner dinero a nombre de quien dijera Faysure Yvonne o ‘Mila’, pues no querían despertar alguna sospecha.

Las pesquisas

Las autoridades habrían iniciado con esta investigación cuando cinco víctimas tomaron contacto con algunos funcionarios judiciales y contaron todo el ‘infierno’ que vivieron por culpa de esta presunta organización.

Además, al conocer cómo eran contactadas, le siguieron las pistas a los anuncios clasificados e interceptaron los celulares que usaban los integrantes de esta presunta red. Así, poco a poco recopilaron el material probatorio e identificaron una a una de las personas.

“La presunta articuladora de este entramado criminal es conocida como ‘Mamá Johanna’ o ‘Ivonne’; mientras que los cómplices serían su esposo, mamá y tres hermanos”, manifestó la Fiscalía.

Agregó: “este clan familiar fue capturado en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Dijin – Interpol de la Policía en Cúcuta. En los procedimientos fueron incautados documentos, pasaportes y cédulas de ciudadanía de mujeres, un arma de fogueo y medicamentos para la terminación anticipada del embarazo, entre otros elementos”.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales del ente investigador les imputó a los detenidos los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado. “Todos los procesados recibieron medidas privativas de la libertad, cuatro en centro carcelario y dos más en el lugar de residencia”.

Los perfiles de los capturados

La Fiscalía aseguró que Faysure Ivonne Silva, alias Mamá Johanna o Ivonne, es la presunta líder y la encargada de recibir y asumir la custodia de las jóvenes en el exterior. Inicialmente, estaba radicada en Panamá, pero habría salido de ese país luego de que una víctima escapó y la denunció en 2019. Desde entonces hay en su contra notificación roja de Interpol. Las investigaciones dan cuenta de que, desde entonces, trasladó el negocio ilícito a Ecuador.

Edwin Antonio Ruiz Zapata, alias Don Ricardo, esposo de ‘Mamá Johanna’, al parecer, era uno de los encargados de transportar y custodiar a las mujeres en Colombia y Panamá.

Omaira Elena Silva Gómez, alias Doña Omaira, Viky o Mayito Durán, mamá de Faysure Ivonne, estaría involucrada en el transporte y custodia de las jóvenes en Panamá y Ecuador.

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Willid Leonardo Chacón Silva, alias Willi o Sicario, hermano de ‘Mamá Johanna’, sería el encargado de abusarlas sexualmente en lo que la red delictiva denominaba ‘primera prueba’ y, supuestamente, las amenazaba con arma de fuego para que no huyeran.

Milangela Julieth y Wendy Mishel Durán Silva, hermanas de ‘Mamá Johanna’, presuntamente eran las que ubicaban y contactaban a las posibles víctimas. Ellas fueron beneficiadas con casa por cárcel.