Durante una reunión en Cúcuta, el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Walter Márquez, y el alcalde de la capital de Norte de Santander, Donamaris Ramírez, acordaron promover pruebas binacionales “sobre delitos que se originaron en Venezuela, que se continuaron en Colombia y que pasan a ser de carácter internacional a raíz del cierre de frontera”.

El legislador del vecino país informó que en el encuentro también participó el personero de Cúcuta, Orlando Arturo Puentes, con quien analizaron que en este caso se cometieron los delitos de deportaciones forzosas y de persecución contra poblaciones, establecidos en el estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI), por lo que una vez obtengan todas las pruebas, acudirán a dicha instancia penal, cada uno a través de sus respectivos países.

“En el caso de la persecución contra la población fronteriza tenemos pruebas en Venezuela. En la frontera ha ocurrido un ataque sistemático contra los ciudadanos. El propio gobernador del Táchira insultó y agredió a los gochos, comunidad con una idiosincrasia propia. También hubo ataque en las cuencas altas del río Táchira, con destrucción de pasos fronterizos, los cierres ilegales de frontera, el rompimiento de relaciones comerciales, el rompimiento de relaciones diplomáticas, los crímenes de Estado”, explicó Márquez.

Se armarán casos en cada país

El diputado precisó que de lado colombiano tienen denuncias y pruebas de deportados a quienes les violaron el debido proceso migratorio, garantizado por la Ley de Extranjería y Migración de Venezuela; a quienes les destruyeron viviendas en los barrios Ezequiel Zamora, Ernesto Che Guevara y Mi Pequeña Barinas, que conformaban el sector de La Invasión en San Antonio del Táchira, violando con ello la ley promulgada por el fallecido presidente Hugo Chávez, contra Desalojos Arbitrarios y Destrucción de Viviendas.

“Hay un cúmulo de denuncias por parte de colombianos sobre maltratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de una serie de problemas causados a niños inmigrantes o de padres inmigrantes, a quienes no les permitían el estudio al principio del cierre fronterizo. El caso de muchos trabajadores que se les violó su derecho al trabajo como migrantes”.

Manifestó que trabajarán con dos grupos de abogados que se están organizando bajo el nombre Abogados Sin Fronteras. Añadió que el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, quien  es abogado, esta junto con él promoviendo la conformación de esa asociación de juristas, la cual será instalado en Venezuela y en Colombia la próxima semana.

Comité de víctimas

Walter Márquez detalló que a través de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía de la República y de la Personería de Cúcuta están recopilando de lado colombiano todos los testimonios de los afectados, por lo que le planteó al Ramírez la creación de un comité de víctimas de deportaciones forzosas y destrucción de viviendas.

Acotó que a su vez en Venezuela también solicitarán la apertura de una investigación penal, además la solicitud de reparaciones e indemnizaciones de daños y perjuicios.

Reiteró el parlamentario tachirense que en estos casos hay responsabilidades internacionales del Estado venezolano y responsabilidades individuales de quienes actuaron, entre ellos Nicolás Maduro, José Vielma Mora y el Alto Mando Militar.

“Ante la Corte Penal Internacional no hay privilegios políticos ni procesales. El presidente de la República y el gobernador del Táchira no tienen ningún privilegio como lo tienen en Venezuela. Desaparecen las inmunidades  y son simples funcionarios que tienen que responder ante la comunidad nacional e internacional”, afirmó.