El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dio ayer en la mañana un recorrido por el puente internacional Simón Bolívar para conocer de primera mano el panorama migratorio en la frontera colombo-venezolana, donde, pese a la declaración del gobierno de Nicolás Maduro de normalizar el flujo de ciudadanos, el paso sigue restringido a condiciones especiales.
“Vinimos de manera directa a verificar el supuesto anuncio de reapertura y movimientos humanos de Venezuela a Colombia, pero hemos podido percatarnos que, efectivamente, no es cierto que exista una reapertura en condiciones normales del tránsito de personas”, enfatizó Camargo.
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En cambio, se evidenció la normalidad en las trochas, donde “persiste una violación fragante a los derechos humanos. A toda vez en la que están expuestos de manera permanente, son despojados de su ropa y sus enseres”, agregó.
Durante el recorrido, el funcionario fue acompañado por Jaime Marthey, defensor regional del Pueblo. En promedio, están pasando por los puentes 3.000 personas a diario bajo condiciones especiales, cantidad inferior a los registros de hasta 65.000 personas diarias que se movilizaban por la frontera antes del cierre fronterizo.
Ese alto flujo que circula por los pasos irregulares se refleja de manera directa en el crecimiento de la deuda con el hospital local, que asciende a $100.000 millones de pesos, expuso el Defensor del Pueblo, motivo por el que dejaron de prestarse atenciones especializadas y se limitó a urgencias médicas.
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“Hacemos un llamado a que se generen las condiciones a la mayor brevedad posible para que no se sigan vulnerando los derechos humanos de estas personas que necesitan tener un tránsito en condiciones normales ni se sigan exponiendo a las trochas ilegales”, puntualizó Camargo.
Durante el día, funcionarios de la Regional Norte de Santander de la Defensoría del Pueblo han hecho presencia permanente en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander para confirmar las condiciones previas y posteriores a la apertura de los pasos fronterizos.
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La entidad seguirá presente en el Puesto de Mando Unificado para evaluar la situación y garantizar la protección de los derechos humanos.
“Se reitera a la ciudadanía que pueden acudir a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en terreno o comunicarse al WhatsApp 3108539238, para alertar sobre posibles vulneraciones”, concluyó Camargo.
También expuso que, más allá de un alivio, la reapertura es un restablecimiento inmediato de los derechos que han sido vulnerados a toda la población y a la nivelación de los servicios de salud y educación, y de ahí que sea necesario un proceso legítimo y verdadero.
“Debe ser cierto, ordenado, con acatamiento estricto del Derecho Internacional Humanitario y todos los protocolos en materia de derechos humanos. Nosotros como garantes de esos derechos estamos para hacerlos respetar”, señaló.
Alertas para el Catatumbo
El Defensor del Pueblo también se refirió a las alertas enfocadas en la zona del Catatumbo, donde es diaria la vulneración y perpetuación de delitos a los derechos humanos.
“Hemos advertido reiteradas situaciones y escenarios de riesgo contra la población civil que está en esta zona tan importante de Norte de Santander. Los municipios de El Carmen y Teorama son algunos en los que hemos observado prácticas como reclutamiento de menores, homicidios, feminicidios amenazas, extorsiones y presencia permanente de grupos armados ilegales”, manifestó Camargo.
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