Colombia es el principal país receptor de migrantes y refugiados de la región y el segundo del mundo dadas las condiciones políticas, económicas y sociales de Venezuela. Este éxodo, en palabras del sacerdote Francesco Bortignon, director y representante legal de los scalabrinianos en Cúcuta, debe tener un manejo adecuado e inteligente por parte de los Estados, con políticas que se adapten a las necesidades de atención humanitaria y debe ser visto por los ciudadanos en general, más que como una amenaza, dada la creciente xenofobia, como una oportunidad para el país.

Pero para sacarle provecho a la segunda migración más grande del mundo se deben cumplir unas condiciones: la más importante, es que los inmigrantes se integren regularizando su estatus migratorio.  Aun así, a corto plazo, para Norte de Santander las cosas no están fáciles.

Se estima que el municipio metropolitano de Cúcuta alberga a más de 100.000 migrantes con vocación de permanencia, sin contar con aquellos que todos los días cruzan las trochas y su cotidianidad se resuelve en ir y venir por los pasos ilegales, lo que ha generado preocupación, no solo por la inseguridad con la que se asocia el vivir cerca de una frontera, sino que en otros campos, por la amenaza laboral con que algunos asocian a la migración por causa de la disminución en la oferta laboral; y  ciertamente, ocurre que a aquel migrante indocumentado muchas veces se le usa por un pago mucho menor, por lo cual son víctimas de explotación laboral.

Según Eliana María Mora García, directora de la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Simón Bolívar, a los consultorios jurídicos de las universidades cada día están llegando más casos de migrantes reclamando acreencias laborales, observándose el no pago de otros derechos que tienen los trabajadores como el acceso al sistema de salud, pensión, primas, vacaciones... “Esta ayuda jurídica les sirve para atender las situaciones dramáticas por las que pasan estos venezolanos”, sostuvo.

Para Neida Albornoz-Arias, profesora de la Facultad de Administración y Negocios y líder del Grupo de Investigación Altos Estudios de la Frontera (ALEF) de la Universidad Simón Bolívar, la situación preocupa. “En Norte de Santander existe población migrante vulnerable, pobres y pobres extremos, incluso no contabilizados en ninguna estadística, porque no poseen ni la documentación de su país de origen, lo cual empeora la crisis en Cúcuta, cuarta ciudad con mayor índice de pobreza del país, a abril de 2021 con un 53,3 % de la población pobre y de esta un 20 % en pobreza extrema (DANE)”. 

Otro aspecto por analizar, en relación a Cúcuta, es que a pesar de que la ciudad comparte similitudes con otras fronteras, hay una particularidad que la hace atractiva para los inmigrantes en comparación con otras: su informalidad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de las 23 ciudades y áreas metropolitanas encuestadas en el primer trimestre de 2021, la que presentó mayor proporción de informalidad fue Cúcuta y su área metropolitana, con el 69,1%.

El dilema es… ¿Son los migrantes un problema para el mercado laboral de la región?: la respuesta es que actualmente sí, pero las cosas pueden cambiar.

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La capital del departamento no cuenta con una industria propia que genere suficientes empleos, ni siquiera para los propios cucuteños; y el comercio binacional es un desastre; decayó por razones como la propia crisis del país vecino, las diferencias políticas de ambas naciones, sumado al cierre de fronteras y, ahora último, algo inesperado: una pandemia. 

Pero más allá de los resquemores y temores que tienen los trabajadores locales por la llegada de extranjeros que ocupen el mercado laboral, este es el escenario para   entender que, en todo caso, los migrantes llegan a aportar algo, bien sea positivo para la economía o negativo, y todos jugamos en la misma mesa; es por eso necesario que se capitalice la migración, logrando que ingresen al mercado laboral formal, ya sea como empleados o como emprendedores.

Según Albornoz, en estos casos, el Gobierno local, regional y nacional, las agencias de cooperación, el sector privado y la academia, tendrían que triplicar los esfuerzos para dotar a esta población de capacidades y habilidades que les permita funcionar en la sociedad y en sus vidas con la plena libertad para mejorar sus condiciones, como lo establece Amartya Sen.

“Colombia debe invertir en dos indicadores: educación y formalización en el mercado laboral, para que aproveche el bono demográfico (período en el cual la proporción de población económicamente activa (PEA) y potencialmente productiva, supera a la proporción de población dependiente), siendo lo ideal que por cada 3 migrantes existan 2 dependientes (ejemplo: menores de 15 años – o mayores de 60 años). Pero, este migrante en edad de trabajar, tendría que estar ocupado formalmente, percibiendo un salario justo, pudiendo contribuir con la seguridad social, sistema de pensiones, pagando impuestos y en general contribuyendo con el Estado colombiano.

Según estudio realizado por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, de Publicaciones Semana, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), actualmente la relación de dependencia aumentó por el crecimiento de la proporción de personas mayores, pero se mantiene por debajo de 2 personas dependientes por cada 3 personas potencialmente activas. “Por ello, el Estado colombiano tendría que continuar fomentando la generación de autoempleo y empleo formal y la inversión en educación de la población dependiente (con menos de 15 años), tanto en el caso de la población migrante como local, aprovechar las edades productivas para realizar inversiones en salud, pensión y proteger la vejez”, dijo Albornoz.

Este estudio también estima que Norte de Santander acogería 329.000 venezolanos para 2025, la relación de dependencia se mantendrá por debajo de 2 personas dependientes por cada 3 personas potencialmente activas durante 2019-2026, estimándose que en 2027 la relación de dependencia estaría por encima de 2 personas dependientes por cada 3 potencialmente activas por una alta proporción de menores de 15 años. “Esto significa que al igual que el resto del país, el departamento tiene que redoblar los esfuerzos de invertir en la regulación de los migrantes y formalización del mercado laboral, así como invertir en educación de los dependientes menores de 15 años, tanto población migrante como local, pues sería la población activa en 2027”.

Es importante que el Estado genere las políticas que regularicen el empleo formal y eso lo han entendido los gobiernos de este hemisferio. Un ejemplo fue el proceso de Quito, en el cual los países latinoamericanos afectados por el flujo de migratorio ajustaron sus políticas para dar acogida a los migrantes.  

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Eliana María Mora García y Neida Albornoz Arias  Foto: Cortesía

La buena noticia

Albornoz, explicó que hay venezolanos viviendo en Colombia, que no han definido su estatus migratorio regular en el país. La buena noticia es que 1.184.000 venezolanos ya han efectuado el proceso de obtención de usuario en el Estatuto Temporal del Protección de 1.700.000. Se espera que a comienzos de septiembre alrededor de 950.000 venezolanos se acerquen presencialmente a Migración Colombia, donde habrá toma de fotografías, recepción de huellas para proceder a la entrega de agendas que los acredite en Colombia y les permita acceder al sistema de salud, al sistema de educación, a la inclusión financiera y a trabajar formalmente. 

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, con una vigencia de 10 años, permitirá a los migrantes normalizar su estancia y ejercer durante dicho período, cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas.

Según el Ministerio de Hacienda, la llegada de nueva fuerza laboral impulsaría la competitividad y el desarrollo económico. Cuando el trabajador se encuentre formalmente vinculado cotizará en el sistema de seguridad social, por lo cual ya no será una carga para el sistema, se vinculará a las cajas de compensación social y, finalmente, este migrante se uniría a la cadena de consumo de bienes y servicios, es decir, un crecimiento en las rentas. 

Finalmente, la directora de la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Simón Bolívar, califica como un logro para el país que se aseguren los derechos de los migrantes, “quienes se encuentran con miles de barreras para acceder a la justicia ordinaria, a la garantía de sus derechos laborales y de la seguridad social; es importante la integración laboral de la población migrante en el país”, expresó.