La expulsión de territorio colombiano del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, hacia Estados Unidos, generó reacciones entre algunos dirigentes del estado Táchira, que coinciden en que el gobierno de Colombia no fue neutral frente a la presencia del mayor adversario del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Karim Vera, dirigente de Primero Justicia y miembro de la Plataforma Unitaria, dijo que la salida de Juan Guaidó desde el aeropuerto internacional El Dorado representa una violación a los derechos humanos por el simple ejercicio de la política en Venezuela, “no solo se es perseguido en territorio venezolano por la dictadura de Nicolás Maduro, sino que además ahora pareciera un perseguido de la izquierda latinoamericana”.
“El presidente Petro en aras de no generarse un problema, prefirió sacarlo de Colombia, en vez de brindarle protección a un dirigente político que ha luchado por la libertad y la democracia, que huye de una dictadura oprobiosa que lo persigue y amenaza. Pero prefirieron lavarse las manos como Pilato y sacarlo a suelo norteamericano”, consideró Vera.
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Agregó que de alguna manera se agradece a Colombia no haber entregado al líder político al gobierno de Maduro, por lo que ahora exigen respeto a los derechos de la familia que aún le queda en territorio venezolano.
“No procuraron las formas y no se presentaron como un mediador imparcial y objetivo, sencillamente cuidaron los intereses propios, e hicieron esta jugada, que mucho dista de lo que es la diplomacia internacional”, aseveró Vera.
Los líderes de oposición de Táchira esperan que de la Cumbre por Venezuela, que se desarrolla con el auspicio de Colombia, puedan salir resultados positivos para la sociedad venezolana, que pide elecciones libres, ya que consideran que si Maduro no se va del poder, los venezolanos no verán mejorías y progreso, y así lo ha demostrado la economía de 2023 que cada vez va en profundo detrimento, dejando el dinero de los venezolanos pulverizados, comentó la dirigente tachirense.
Investigación de la CPI es innegociable
Walter Márquez, defensor de derechos humanos y representante de la fundación El Amparo, dijo que 8.900 víctimas piden la continuidad de la investigación de la Corte Penal Internacional y señalan que en Venezuela no hay una recta administración de justicia, pero el gobierno de Maduro de manera insólita pretende incluir en la agenda de negociación de Bogotá la suspensión de la investigación de la CPI.
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“Este es un hecho inaudito, reprochable, que requiere de todas las ongs y de las víctimas, ya que la investigación de la CPI es innegociable, el que a nombre personal pretenda abrogarse la presentación de las víctimas, no solamente forma parte de una operación de cubrimiento, sino que se hace cómplice de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, argumentó.
Márquez rechazó que se pretenda negociar en este aspecto, por lo que exigió la continuidad de las investigaciones.
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