El anuncio del Gobierno Nacional de extender el cierre de la frontera hasta el primero de marzo es de buen recibo para quienes lo consideran favorable en estos días que los contagios por la COVID-19 siguen en aumento, mientras que otros, particularmente los comerciantes, lo ven como una medida que los seguirá afectando en sus economías. 

Está también la posición de aquellos que consideran que abrir la frontera es necesario porque así las autoridades podrían tener un mayor control sanitario, aplicando las medidas de bioseguridad, contrario a lo que ocurre en la actualidad, que mientras los puentes tienen candado, las trochas siguen abiertas, con el pleno dominio de bandas criminales que cobran para ir de un lado a otro de la línea divisoria, asegurándose millonarias ganancias.  

El Gobierno Nacional, actuando según lo establecido en el Decreto 039 del 14 de enero de 2021, determinó que todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país, permanecerán cerrados hasta el próximo 1 de marzo.

El fin de esta medida es regular la fase de ‘Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable’, como parte de los protocolos establecidos por la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

El cierre de la frontera fue decretado en marzo de 2020, estableciéndose desde entonces que se permitirá el tránsito por los pasos fronterizos en aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor, así como para el transporte de carga y mercancía. 

En febrero, el Gobierno Nacional evaluará el comportamiento de la emergencia sanitaria en las zonas de frontera y demás regiones del territorio nacional, a fin de tener un panorama real que permita repensar una posible apertura de frontera para marzo, o por el contrario, mantener la decisión de cierre, según declaraciones del director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios.

Víctor Bautista, secretario de Frontera y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander, dijo que la administración departamental le ha dicho al Gobierno Nacional que las medidas sanitarias y los indicadores de ocupación hospitalaria van marcando unas pautas que pueden llevar a la apertura o no de la frontera, sin embargo preocupa el manejo criminal que tienen muchos grupos al margen de la ley en las trochas que comunican con el estado Táchira.

El funcionario refirió que cada vez aumentan los pagos y están subiendo los costos y los precios que la gente le entrega a esas bandas en las trochas por el paso.

“El 14 de marzo se cumple un año de estar la frontera cerrada, pero en la práctica nunca ha parado. Insistimos en que la frontera jamás para y es imposible para cualquier Estado lograr una migración cero, es una realidad y frente a ello no puede seguir existiendo el rapitrocha, la trata de personas, el paso de la gente por esos caminos sin el tamizaje de salud”, según Bautista.

Agregó que si se plantea tener una frontera más cerrada, más restringida y más controlada se debe contar con más estructuras, como un lugar donde tener más de 3.000 personas que ingresan por las trochas a diario para ponerlas a disposición de la autoridad competente para la identificación y la toma de una decisión con ellos.

Argumentó que la posición del Gobierno Nacional es que cuando la ocupación de camas UCI en los hospitales esté por debajo de 75% se podría pensar en la posibilidad de la reapertura de la frontera.

“Se entienden esos criterios técnicos, pero lo que se quiere es trabajar sobre cinco indicadores que dicen cuándo la frontera se puede abrir o cerrar, porque tampoco se puede decir que por la economía que está bastante golpeada se debe arriesgar la salud, lo que también se entiende bien”, dijo.

“Las opiniones están muy divididas, porque también hay gente que pide no dejar pasar más venezolanos, que están cansados de la inseguridad, pero ellos tampoco están comprendiendo que el 40% de la economía de Cúcuta se mueve en torno a los compradores de la frontera y que no se puede dejar quebrar la economía por un capricho político o porque no nos gusta el gobierno venezolano”, agregó el secretario de Frontera.

Reiteró que hay una realidad y es que la economía de la frontera fluye y sigue conectada y que no se puede dejar que los contrabandistas y los ilegales sigan mandando mercancía y cobrando, armándose y matando gente en las trochas, que es de donde justamente viene la inseguridad por parte de esos grupos criminales que se están fortaleciendo.

“Se sabe de gente que paga entre 200 y 300 dólares para venir a hacer un trámite, pasajeros que van hacia el exterior, gente que viene a comprar medicinas y alimentos, visitar un familiar, donde hay una gama de tarifas que va desde los $10.000 los más pobres hasta 500 dólares el más rico, dependiendo de lo que lleve. Una criminalidad impresionante que se da porque hay muchos grupos criminales que se redistribuyen esa renta, aunque no hay un cálculo de cuánto es lo que recaudan, pero si sabemos que va en aumento fortaleciéndose cada día”, sostuvo. 

Agregó que hay avances, “pero no se puede pensar que de aquí al 28 de febrero se tenga todo dispuesto para una eventual apertura. Este es un trabajo que hay que fortalecer, porque no se puede abrir para que vengan 40.000 o 50.000  personas en un solo día, siendo alternativas el pico y cédula, proponer domiciliarios en los puentes para acabar con los llamados rapitrochas que entregan mercancías que la gente compra por internet”.

El alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, consideró que la apertura de la frontera requiere unas condiciones especiales que tengan en cuenta todas las medidas de bioseguridad y logística para no crear un caos.  

“Aquí deben hacer presencia muchos actores desde los gobiernos Nacional y Departamental, las entidades de salud, fuerza pública y demás que se requiera si el presidente decide abrir nuevamente los puentes internacionales”, señaló. 

Rangel dijo que en este momento los puentes están cerrados, pero las trochas están abiertas, sin que se tenga un cálculo de cuántos pasan al día por esos pasos ilegales, pero que si alguien va a La Parada se puede percatar de la verdadera situación.

“Si la frontera vuelve a abrirse, me parece una posición acertada del Gobierno, porque se evita esa situación tan difícil que vive la gente en las trochas, debiendo pagar a las bandas criminales por cruzar, por eso el nivel central debe apersonarse más del tema migratorio, un fenómeno que le corresponde”, puntualizó.