Tomemos lo expuesto por la Defensoría del Pueblo en el sentido que Norte de Santander aparece en el primer lugar nacional de la violencia de género, con 889 casos conocidos entre 2021 y lo corrido del presente año.

Estar por encima de Cundinamarca, Antioquia o la misma Bogotá que nos duplican o triplican en población, ni siquiera ha llevado a las autoridades regionales a tomar planes de corto, mediano y largo plazo para enfrentar realmente la violencia contra las mujeres.

Dramáticos reportes como el señalado deberían llamar a la reflexión ciudadana sobre si la institucionalidad realmente está haciendo todo lo necesario para garantizar y proteger los derechos y la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes, que hoy están siendo gravemente afectadas.

Es que ahí debería darse una especie de reingeniería para que las secretarías de la mujer o de género tengan más ‘dientes’,  si se quiere edificar una política local y regional que adecuadamente se refleje en beneficio de este grupo poblacional.

O sea, hay que volverlas más técnicas y con poderío de asesoría jurídica para que  sean como una punta de lanza en la lucha contra quienes persisten en utilizar la violencia física, psicológica, sexual, económica y hasta patrimonial para someterlas y vejarlas.

En este sentido habría que esperar por ejemplo que la Asamblea o los concejos también lleven la batuta en dicho sentido para darle fortaleza preventiva a este asunto que nos debe preocupar a todos en Norte de Santander, que como lo dijimos, ocupa el oprobioso primer puesto en la violencia contra la mujer.

No puede ser posible, como ocurrió el pasado 8 de marzo, que muchos políticos, entre otros, tal vez con la mira puesta en la campaña para las elecciones de octubre, salieran con mensajes muy elaborados por el Día Internacional de la Mujer, sin abordar  un problema recurrente como el expuesto.

 Precisamente, ese aspecto debe estar en la agenda de los futuros candidatos a la Gobernación y las 40 alcaldías en el departamento, y exponer sus propuestas referentes a la forma de hacerle frente a este delicado asunto, que sin duda debe de ser de mayor magnitud.

Hasta el propio defensor regional del Pueblo, Pepe Ruíz, admitió que la cifra de ataques contra las mujeres puede ser mayor porque muchos de estos hechos no son denunciados, aspecto que puede estar mostrando situaciones igualmente delicadas.

Que no hay credibilidad en las entidades a cargo de manejar estos hechos. Que hay temor. Que no hay maneras de contactar para denunciar. Ese podría ser un escenario de situaciones ocultas que pueden estar sucediendo, precisamente porque la protección de género a veces parece ser un asunto de moda.

Podría considerarse importante la unificación de acciones con las universidades con facultades de Derecho, Psicología y Trabajo Social, para que siempre se cuente con una base multidisciplinaria para el trabajo preventivo que debe llegar a  jugar un papel de primer orden, porque aquí de nada vale llegar después de, por los tristes resultados que esto acarrea.

Es que llegar directamente a  las comunidades, no aleatoriamente, sino dentro de unos planes coordinados es esencial, porque conlleva un primer mensaje hacia aquellas ‘víctimas ocultas’ que  por temores o intimidaciones se abstienen de exponer sus casos, para que vean que hay una ruta para defenderlas y salvarlas.

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