Así como ocurre con la mujer, que cada cierto tiempo es  llevada al debate social pero muchas veces con más utilización electorera, sucede lo mismo con la juventud colombiana.

La procuradora Margarita Cabello Blanco emitió una directiva para conminar a poner en marcha el Sistema Nacional de las Juventudes, fortaleciendo los espacios de participación e interlocución para que las y los jóvenes desarrollen iniciativas de incidencia en sus territorios, como actores fundamentales en las transformaciones del país.

Específicamente, el Ministerio Público les solicita a los gobernadores y alcaldes  que expidan o renueven la Política Pública de Juventud de sus territorios en corto plazo, destinen una oficina para atender a esta población, presenten un informe anual sobre los avances, ejecución presupuestal y cumplimiento de esta política, así como el apoyo a la celebración de las asambleas de juventud en sus territorios convocadas por los Consejos de Juventud, la conformación de las Comisiones de Concertación y Decisión, entre otros.

Se trata de puntos concretos que permiten hacerle una evaluación de cumplimiento, que para el caso de Cúcuta tiene una población de cobertura de 260.000 personas, por lo menos.

Transversalmente el asunto de la juventud cucuteña debe de cruzar las diferentes acciones consignadas en el Plan de Desarrollo municipal, para que la beneficie y le abra posibilidades en los campos de oportunidades educativas, laborales, productivas, económicas, de participación comunitaria y política.

“Para nosotros esto es primordial y por eso queremos dejar un legado con la Política Pública de Juventud que estamos construyendo de manera articulada con el Consejo Municipal de Juventud, con estudiantes de colegios y universitarios, llegando a cada rincón de la ciudad”,  es la respuesta dada por el subsecretario, Mauricio Castañeda.

Para los jóvenes entre 14 y 28 años que residen en la capital nortesantandereana es indispensable que se les tenga en cuenta desde la institucionalidad, con acciones de corto, mediano y largo plazo para incluirlos como actores de primer orden.

Es lógico que las estrategias de la universalización de la educación y su gratuidad hasta el campo universitario opere prontamente, ajustando para ello asuntos como el Sisbén, los recursos que se les asignan a las universidades y abrir nuevos centro de enseñanza, con los lógicos ajustes acordes a las necesidades de la región, el aparato productivo y las expectativas de esta zona fronteriza.

El último dato del DANE señala que Cúcuta ocupa el décimo lugar, con el 21,1% de desempleo juvenil en Colombia, en el trimestre diciembre-febrero, cuestión indicativa de la impostergable tarea de enfrentar el  hecho, que impacta a este renglón de la población.

Al no contar con una fuente laboral  que les genere recursos económicos estables,  deja expuestos a nuestros jóvenes a  la informalidad  (rebusque) o en riesgo de ser enrolados por organizaciones criminales o delincuenciales que los reclutan.

Los planes concretos que permitan a los jóvenes ser parte integral de la construcción de la sociedad tienen que hacerse ya, empezar a funcionar de inmediato y ser fortalecidos y dinamizados con los recursos económicos y las alianzas público-privadas, puesto que si todo se queda en elocuentes palabras, la crisis perdurará y el camino seguirá lleno de espinas.

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