Una cuestión que debe ser tratada con guantes, ta­pabocas y pinzas por parte de Colombia y Venezuela es el de la salud, que en una frontera abierta requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre las autoridades binacionales.

Todos los días escuchamos hablar de aquellos requisitos para cruzar en carros hasta Norte de Santander y Táchira, de la forma en que se moverá el transporte interfronterizo de pasajeros y demás detalles relativos a la movilidad.

Pero poco o nada oímos sobre esta cuestión que se refiere al manejo y control de enferme­dades que puedan afectar a las poblaciones asentadas en la zona común, en una acción parecida por ejemplo a lo que se ha em­pezado a hacer para el manejo de la seguridad entre las policías y ejércitos.

Son inocultables manifiestas y probadas las dificultades del sistema de atención hospitalaria en el vecino país, que desde el agravamiento de la crisis ha traído hacia Norte de Santander a miles de personas en búsqueda de curar sus males en la red pública y pri­vada de salud.

Hospitales como el Erasmo Meoz, San Juan de Dios de Pam­plona, Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, entre otros, tienen una alta afluencia de pacientes vene­zolanos, en su gran mayoría mi­grantes que decidieron abandonar su país a raíz de la multiplicidad de problemas económicos, polí­ticos y sociales.

En medio del éxodo, del rom­pimiento de relaciones y ahora de la nueva realidad en que Bogotá y Caracas restablecieron contactos diplomáticos y la frontera recupe­ró en gran medida la movilidad de mercancías, personas y vehículos, es indispensable que los minis­terios de Salud y las autoridades epidemiológicas también orga­nicen un encuentro bilateral de instituciones nacionales y locales.

Desde hace mucho tiempo, el gobierno venezolano no publica ni datos ni estadísticas relacionadas con la salubridad y que permitan saber a ciencia cierta las enferme­dades que circulan en el territorio.

Para dar un ejemplo de esa situación, el año pasado la or­ganización Médicos Unidos de Venezuela le reclamó al gobierno volver a emitir el boletín epi­demiológico suspendido desde finales de 2016.

Poco se sabe de la malaria, del sarampión, de la viruela símica, de la tuberculosis, la poliomielitis y de la situación actual de las en­fermedades agudas respiratorias, del Covid 19 y el VIH entre otras, en Venezuela y en los estados fronterizos como Táchira y Apure.

Las fronteras en materia de salud requieren de una atención específica y extraordinaria en ma­teria de controles y conocimiento de comportamientos y casos de personas afectadas por cualquier patología que acarree situaciones de alto riesgo y se necesiten, en una eventualidad, cordones sanitarios y complejas acciones de biosegu­ridad de lado y lado.

El ministerio colombiano del ramo, junto con el Instituto Na­cional de Salud deben plantearles a sus pares venezolanos que em­piecen a restablecer las estadísti­cas para compartirlas y también que se entregue un diagnóstico actualizado sobre las enferme­dades tropicales, al igual que para saber cómo están los niveles de vacunación en niños, adolescen­tes y adultos.

En ese campo, sin riesgo de equivocarnos, está todo por hacer y los gobiernos están en mora de poner a andar entre ambos la ins­titucionalidad para que en el nue­vo ritmo que se empezó a marcar en las relaciones fronterizas, que el sector de la salud no sea un con­vidado de piedra ni un elemento de segunda o tercera categoría, pues el coronavirus demostró los graves riesgos pandémicos a que está expuesta la humanidad