Desde la creación de la Unidad de Restitución de Tierras, que para el caso de Norte de Santander marca varios hechos especiales, en momentos que se habla de oportunidades para todos y de la necesidad de arrojar luces sobre la labor cumplida por instituciones ligadas a ayudar el cerrar heridas dejadas por la violencia.
Ahí se encuentra el hecho de desenvolverse en medio del doloroso conflicto armado, aunque la ley dijera que su tarea era para el posconflicto, el cual sigue lejano en estas tierras porque la guerra sigue activa.
Entonces, ese marco hace más llamativa su labor y, por ende, levanta el interés por saber qué tanto se ha logrado avanzar en la restitución y consolidación del trabajo con las comunidades.
En los diez años de la Ley de Víctimas, en el departamento el número de solicitudes de restitución presentadas ascienden a 5.395, de las cuales 3.473 corresponden al Catatumbo.
Los números reflejan en parte los daños dejados por el accionar de los grupos armados, siendo en este caso Tibú el que acumula cerca de un 40 por ciento de los pedidos elevados por las víctimas.
De todo eso, 3.398 ya avanzan en el trámite administrativo ante la Unidad de Restitución y 1.000 demandas están en los juzgados especializados en esa materia dentro del proceso respectivo para luego proceder a dictar sentencia a favor o en contra.
Después de haber surtido todos los trámites hay hasta el momento 1.200 beneficiados en Norte de Santander, la mitad de ellos mujeres, siendo restituidas 4.200 hectáreas.
Recordemos que este proceso en Colombia ha tenido que soportar hechos de corrupción, violencia y estafa que han requerido su blindaje para no terminar favoreciendo a quienes no tienen nada que ver o son victimarios disfrazados de Víctimas.
Tatiana Abdallah, primera mujer en llegar a dirigir la Unidad de Restitución en el departamento, centra la labor en dos acciones que considera fundamentales para avanzar en el cumplimiento de la Ley de Víctimas.
Por un lado, la presencia y el trabajo social con las comunidades del Catatumbo para que los resultados de cumplimiento mejoren y se pueda trabajar con mayor facilidad en medio del enrarecido ambiente de violencia que persiste y facilitarles a muchas personas acceder a la petición de restitución.
Pero el otro aspecto que despierta curiosidad es el desconocimiento, después de una década, del procedimiento que adelanta dicha Unidad que lleva a ser confundido con las labores de otras instituciones del Estado.
Levantar esos obstáculos resultará favorable para que se multipliquen los proyectos productivos exitosos en la zona como los de café, cacao, cereales, frutales y piscicultura, en los que se han hecho inversiones por $2.190 millones, para de esa manera procurar la paz con justicia social.
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