El Catatumbo y la frontera venezolana se encuentran en el radar nacional luego de que la disidencia del 33 frente de las Farc que opera en esta zona del país se atribuyera  el atentado con explosivos a un CAI en Bogotá que le cobró la vida a dos menores de edad.

Pero además, el siempre debatido asunto de que los grupos armados ilegales tienen en territorio venezolano la retaguardia para planear sus ataques y como lugar donde se resguardan después de cometerlos.

O sea que este grupo que no se acogió al acuerdo de paz, determinó extender su brazo hacia el corazón del país luego de haber perpetrado cinematográficos actos terroristas en Cúcuta.

Ya el nombre de Jhon Mechas, máximo cabecilla de esa organización no solamente se relaciona con los actos que su grupo comete en el Catatumbo en contra de la fuerza pública y la población civil, sino que ahora es buscado por alterar el orden público en la capital colombiana.

A causa de ese hecho, el Gobierno Nacional elevó hasta los $5.000 millones la recompensa a quien suministre datos e información confiable que permita dar con el paradero de este hombre, cuyo nombre de pila es Javier Alonso Veloza.

Un asunto que llamó la atención es que Jhon Mechas ahora se encontraría coordinando y dirigiendo todas las operaciones de ese grupo disidente desde el fronterizo estado Zulia, en Venezuela.

Y como ocurrió en Cúcuta en el atentado contra el aeropuerto Camilo Daza, donde pretendió destruir aeronaves utilizadas en la lucha antinarcóticos, en el de Bogotá los indicios señalan que utilizó el mismo sistema de la  ‘subcontratación delincuencial’, como un método para tratar de hacer más complicado seguirle las huellas e involucrar directamente a la disidencia en este tipo de hechos violentos.

Mientras para el caso cucuteño los contratados llegaron de Medellín, en la capital del país se abrieron varios interrogantes sobre quiénes son las bandas en Bogotá que están en capacidad de hacer estos actos terroristas y si hay móviles relacionados con arreglos económicos de expendios de droga en la parte alta de ciudad Bolívar.

Dentro de lo ocurrido, el hecho que se destaca el llamado que hiciera la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al gobierno del presidente Nicolás Maduro en medio de la delicada situación generada por la disidencia del 33 frente de las Farc.

“Le solicito al gobierno de Venezuela que se identifique, se capture y se extradite a cualquier miembro del grupo residual frente 33 de las disidencias de las Farc para que responda por este atentado cobarde y criminal que asesinó a dos niños de nuestra ciudad y dejó heridos a otros 39 ciudadanos en Bogotá”, fue lo que ella expuso.

Recordemos que ese grupo fue el que cometió el atentado con la camioneta bomba contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y el mismo que atacó a balazos el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque, razón por la cual se constituye en un peligroso factor de desestabilización.

Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, de que no se trata de cualquier grupúsculo, queda una vez más en entredicho la inteligencia militar y policiaca, cuyas instituciones deben de revisar qué es lo que está pasando para subsanar esas fallas estructurales que afectan ese sistema.

Es muy riesgoso el escalamiento del conflicto armado, que como lo dijera recientemente el Comité Internacional de la Cruz Roja, Colombia enfrenta la peor situación humanitaria desde que se firmara el acuerdo de paz con las Farc en 2016, con altos números de víctimas de masacres, desapariciones, desplazamientos, confinamientos y artefactos explosivos.