La Delegación de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación y las unidades especializadas de delitos informáticos de la Policía -se supone- ya deben estar rastreando a quienes ingresaron a la base de datos de Hacienda Municipal para hacer ver que algunos contribuyentes estaban a paz y salvo con el fisco cucuteño.

Estamos en lo mismo que antes. En los tiempos en que las operaciones de impuestos se hacían en tarjetas llenadas a mano y ocurrían fraudes de estos se decía que la automatización y digitalización de procesos acabaría el problema.

Esa máxima no fue tan cierta, porque hoy aparecieron los ciberataques por parte de jaqueadores que asaltan los sistemas como le ocurrió a la división de impuestos de Hacienda Municipal.

Para fortuna de las arcas municipales se descubrió que los paz y salvos por $900 millones por pago de predial no estaban debidamente soportados porque a las cuentas bancarias correspondientes no entró ni un peso por parte de 47 contribuyentes que en total deben esa suma.

Aquí la lección es que los ‘falsos tramitadores’ han mutado de la tarjeta, el lápiz y la máquina de escribir al ciberespacio, amenaza que requiere de una respuesta adecuada.

La Alcaldía tiene que hacer algo porque el jaqueo sucedió durante los últimos cuatro meses de 2022 y se constató a comienzos de enero. ¿Qué tal que no se hubiera hecho la verificación de los montos supuestamente consignados?

Aunque se salvó de un detrimento económico a las finanzas locales hay que fortalecer el sistema, sus claves y los mecanismos de alerta que indiquen cuando se está accediendo al mismo desde una dirección IP desconocida o no habitual, por ejemplo.

¿Cómo así que el sistema no envió alertas de que se estaba accediendo desde tres usuarios que no pertenecen a ningún funcionario o contratista de la Secretaría de Hacienda?

Aunque en un universo de 230.000 contribuyentes del impuesto predial, lo sucedido pudiera ser una gota de agua en el océano, lo cierto es que quedan serias dudas sobre la seguridad del programa de esa plataforma.

La Secretaría de las TIC junto con el que suministró el software y los que se encargan de mantenerlo están en la obligación de tomar acciones técnicas y cibernéticas urgentes para dotarlo de mecanismos de alerta temprana frente a este tipo de acciones y hacer más periódicos los controles.

No hay que bajar las defensas ni excederse en la confianza puesto que los desarrollos de las tecnologías muestran que sus potencialidades sirven tanto para quienes las usan en beneficio de todos como para los ciberdelincuentes que se mueven en el mundo virtual.

Además, tampoco hay que descartar y en eso deben de trabajar las autoridades investigativas si es que opera una ‘oficina ilegal paralela’ con posible apoyo o complicidad dentro de las mismas dependencias para intentar este tipo de fraude.

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