En la cuestión fronteriza colombo-venezolana hay cuestiones que deben ser especificadas para contener cualquier clase de inconveniente para la nueva normalidad que se ha ido construyendo entre las regiones luego del restablecimiento de relaciones y la reapertura del paso vehicular y de mercancías.

La seguridad. Sin duda este aspecto hay que vigorizarlo, porque recordemos que  venimos de una temporada en que la ruptura diplomática degeneró en que prácticamente la frontera quedara como una tierra de nadie, asunto que fue capitalizado por la criminalidad.

Ha llegado la hora de que ambos estados admitan responsabilidades por la inseguridad reinante y restablezcan una fortalecida la lucha común contra el narcotráfico, la trata de  personas, la extorsión, el secuestro exprés, el contrabando, el lavado de activos, entre otros delitos que afectan a la comunidad en la zona binacional.

Lo dicho por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, quien no es partidario de que los puentes internacionales funcionen las 24 horas “porque lamentablemente Colombia no ha podido controlar la violencia ni los grupos irregulares”, señala un punto para el debate.

No podemos olvidar la  fuerte presencia de organizaciones criminales como la banda venezolana del Tren de Aragua que se ha  disputado  dicho territorio con la guerrilla colombiana del Eln, implicando lo anterior que es urgente que las Fuerzas Armadas y los organismos judiciales de ambos países actúen en conjunto y de manera efectiva para contrarrestar el delito y derrotar la impunidad.

Patrullajes para cercar o aplicar ‘planes candado’ en los que se persigan y capturen a los delincuentes, actuar coordinadamente para solicitar apoyo cuando los presuntos autores de hechos ilícitos traspasen la línea divisoria, reforzar las tareas de control migratorio, deberían ser las fortalezas que se levanten para que la seguridad mejore y los accesos puedan estar habilitados día y noche.

En cuanto a las trochas fronterizas que hacen parte de un ‘dolor de cabeza eterno’ mucho es lo que se ha intentado pero son muy pocos los logros, aunque la insistente orden del Gobierno colombiano es que sean destruidas y cerradas definitivamente.

A raíz de que por los canales legales no cruzaba nada de mercancías en la región Táchira-Norte de Santander, los llamados caminos verdes obligatoriamente se volvieron el ‘sendero del comercio binacional’  llegándose a movilizar, anualmente, mercancías hasta por 400 millones de dólares, de acuerdo con las  cifras del Ministerio de Comercio, Industria  y Turismo de Colombia.

Habrá que establecer planes  para patrullar esos lugares por parte de autoridades como la Policía Fiscal y Aduanera y el Ejército así como la Guardia Bolivariana, teniendo sin embargo una consideración expuesta por el ministro Germán Umaña: “el problema no son las trochas, sino la conciencia de integración y del desarrollo que tenemos que recuperar”.

En otras  palabras, que la legalidad y la autoridad se restablezca o se instalen en la frontera y que armoniosamente ambos países trabajen a lado y lado del río Táchira para que la infraestructura y las medidas conjuntas permitan el auge bilateral de la economía, el empleo y la generación de riqueza para de esa manera debilitar males como la pobreza y la falta oportunidades.

Este inmenso engranaje de la frontera más viva de América Latina -como se le conoce- necesita  que el trabajo colombo-venezolano sea concertado, con exigentes proyecciones y metas de cumplimiento precisas para alcanzar su organización en diferentes campos en el corto, mediano y largo plazo.