Tres días antes de que Uber empiece a funcionar en Cúcuta, los taxistas agremiados manifestaron su desacuerdo con la llegada de esta compañía y amenazaron con paralizar Cúcuta si no son escuchados por el alcalde César Rojas.
La representante legal de Asoempresas, Gloria Janeth Jaramillo, indicó que se reunieron con el secretario de Tránsito, José Luis Duarte Contreras, para pedirle que evite el funcionamiento de esta empresa en la ciudad. Además, Jaramillo, aseguró que durante la época electoral, ya se venía hablando de Uber y en ese momento Rojas prometió que no dejaría que esto pasara.
La Opinión se comunicó con Duarte para conocer su posición frente al tema, pero este se negó a hablar, diciendo que solo el alcalde hablaría, declaración que tampoco fue emitida.
Según Jaramillo, el exceso de taxis que hay en la ciudad y la dificil situación económica que existe, hacen que Uber no sea una opción viable para Cúcuta y el área metropolitana.
Uber, que desde 2013 está en Colombia, ha enfrentado problemas de rechazo similares en las otras ciudades donde funciona. La compañía que conecta a pasajeros y conductores particulares a través de una aplicación en un teléfono inteligente, hace presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla y ahora en Cúcuta.
A pesar de los diferentes problemas, la empresa ha logrado sumar cerca de 25.000 socios conductores y 250.000 usuarios registrados en Colombia.
La gerente de Comunicaciones para la Región Andina de la compañía, Adriana Garzón, dijo que “Uber produce un beneficio para los usuarios del servicio de transporte con estándares del servicio de calidad muy altos y por otro lado aumenta la alternativa de ingreso económico en las familias”.
Por su parte, Armando Pulido, coordinador de Invest In Cúcuta, destacó que la llegada de Uber es un punto a favor de la competitividad de Cúcuta y el área metropolitana, porque este tipo de servicio le apuesta a un nuevo nicho de mercado y obliga a mejorar el transporte público que actualmente se presta.
La batalla legal
Desde que llegó a Colombia, la plataforma que permite a personas con vehículos particulares convertirse en prestadores de un servicio de transporte privado, generó protestas que hicieron que momentáneamente fuese declarada ilegal por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, después fue permitido el uso de la plataforma y hoy cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que regularía su funcionamiento.
